La Fiscalía General de la Nación imputó al coronel del Ejército Carlos Didier Pérez Amorocho, señalado de presuntamente recibir millonarios pagos de estructuras armadas ilegales a cambio de suministrar información reservada sobre operaciones de la Fuerza Pública y favorecer sus actividades en zonas de alta conflictividad.
Según la investigación, los hechos se remontan a 2020, cuando el oficial se desempeñaba como comandante de un batallón con jurisdicción en Puerto Jordán, Arauca. En ese momento, habría recibido un pago de 15 millones de pesos para reducir la ofensiva militar contra el Frente de Guerra Oriental del ELN.
Posteriormente, en julio de 2025, Pérez Amorocho asumió el mando de una unidad con presencia en municipios de Nariño como Tumaco, Francisco Pizarro, Olaya Herrera y Roberto Payán. De acuerdo con la Fiscalía, entre enero y mayo de 2026 habría pactado con integrantes del Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia pagos de hasta 30 millones de pesos semanales a cambio de información sobre los movimientos de las tropas.
La información presuntamente entregada habría permitido a las estructuras ilegales facilitar el traslado de estupefacientes, armas, municiones y dinero. Además, el oficial es investigado por un operativo realizado en Nariño en abril de 2026, en el que supuestamente habría retrasado el avance de las tropas, permitiendo que integrantes de un grupo armado escaparan y retiraran material ilícito de la zona.
La Fiscalía también sostiene que algunos narcóticos encontrados durante el procedimiento habrían sido arrojados a un río, presuntamente por orden del coronel, para facilitar su posterior recuperación.
Pérez Amorocho fue capturado en Bogotá y no aceptó los cargos formulados en su contra. La Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
El proceso judicial deberá determinar si las acusaciones cuentan con suficiente sustento y establecer la eventual responsabilidad penal del oficial, quien mantiene su derecho a la presunción de inocencia mientras avanza la investigación.