Un nuevo caso de impunidad genera preocupación en Bogotá. Un hombre que persiguió, agredió físicamente y amordazó a una mujer dentro de su apartamento en un conjunto residencial del occidente de la ciudad, fue liberado pocas horas después de su captura, pese a sus antecedentes y a la gravedad de los hechos.
El episodio ocurrió luego de que el agresor, tras seguir a la víctima por haber retirado una suma de dinero, lograra ingresar de manera irregular al conjunto. Una vez adentro, la persiguió hasta su apartamento, donde la golpeó y la amordazó. Durante la huida, incluso realizó disparos, poniendo en riesgo la vida de otros residentes, entre ellos menores de edad.
Gracias a la rápida acción de un vecino, quien bloqueó el paso de los delincuentes con su camioneta, y a la intervención de la Policía Metropolitana, el hombre fue capturado. Sin embargo, la sorpresa y el rechazo se extendieron entre la comunidad al conocerse que hacia las 11:30 a. m. del día siguiente fue puesto en libertad.
El comandante operativo de la Policía, coronel Álvaro Mora, confirmó que el individuo tenía múltiples anotaciones por hurto, lesiones personales y violencia intrafamiliar. Pese a esto, no se realizaron las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos ni se le impuso una medida de aseguramiento.
Juristas calificaron el hecho como “reprochable”. El abogado penalista Juan Castellanos afirmó que la Fiscalía debió actuar desde el primer momento. Aunque señaló que aún es posible que en los próximos días se le imputen cargos, lamentó la oportunidad perdida para aplicar una medida cautelar de inmediato.
Este caso se suma a una preocupante tendencia. En marzo, nueve de los trece miembros de la banda de los “Relojeros”, que operaban en Medellín y Bogotá con extrema violencia, quedaron en libertad. También fueron liberados otros siete integrantes de una red dedicada al robo de camionetas de alta gama, y estructuras de ciberdelincuencia obtuvieron detención domiciliaria pese a la gravedad de sus delitos.
“El verdadero problema es la ineficacia institucional. Los errores procesales permiten que personas peligrosas para la sociedad regresen a las calles”, advirtió Camilo Rojas, exviceministro de Justicia. A su vez, el abogado Andrés Felipe Caballero indicó que, aunque la ley permite extender los plazos para procesar a grupos organizados, los fallos iniciales siguen debilitando la respuesta penal.
La ciudadanía, por su parte, exige respuestas y acciones concretas para evitar que la violencia y el crimen queden sin castigo.