El doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio se convirtió en una de las mayores tragedias naturales de la historia reciente del país y abrió un fuerte debate sobre la capacidad institucional para responder ante una emergencia de gran magnitud. Un informe elaborado por el Miranda Center for Democracy señala que la reacción del régimen chavista estuvo marcada por la falta de coordinación, retrasos en la atención inicial y deficiencias en los organismos encargados de gestionar desastres.
Estudio
El estudio, desarrollado por un centro de análisis fundado por venezolanos con sede en Washington, reconstruye los acontecimientos posteriores al terremoto mediante testimonios de especialistas en gestión de riesgos, rescatistas, funcionarios, documentos técnicos y datos de organizaciones internacionales. Según el informe, la crisis no estuvo determinada únicamente por la fuerza del fenómeno natural, sino también por el deterioro de las instituciones responsables de responder ante situaciones de emergencia.
Uno de los principales cuestionamientos del documento está relacionado con las primeras 72 horas después del desastre, consideradas fundamentales para las labores de búsqueda y rescate. La investigación sostiene que el Estado no habría activado de manera efectiva los protocolos establecidos para una emergencia de esta magnitud, lo que habría generado retrasos en la atención de las zonas afectadas.
Cifras
Las cifras sobre el impacto del terremoto también son motivo de controversia. Mientras las autoridades mantienen un registro oficial de 5.208 personas fallecidas, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó que existía una alta probabilidad de que la cifra real de víctimas superara los 10.000 muertos. Además, organismos internacionales señalaron que decenas de miles de personas podrían permanecer desaparecidas y que millones de habitantes resultaron afectados directa o indirectamente por la tragedia.
El informe destaca que Naciones Unidas calculó que aproximadamente 6,76 millones de personas sufrieron las consecuencias del desastre, incluyendo cerca de dos millones de habitantes del área metropolitana de Caracas. También se estimó que cientos de miles de niños requerían asistencia y que una gran parte de la población necesitaba ayuda humanitaria urgente.
Otro punto señalado por la investigación fue el daño estructural provocado por los movimientos sísmicos. Evaluaciones internacionales indicaron que decenas de miles de edificaciones pudieron haber sufrido afectaciones graves o quedar destruidas. El documento cuestiona especialmente algunos proyectos habitacionales construidos en zonas consideradas vulnerables y plantea dudas sobre los controles de seguridad y cumplimiento de normas antisísmicas.
Según el Miranda Center, la respuesta de emergencia debió incluir la activación inmediata del Sistema Nacional de Protección Civil, evaluaciones técnicas de daños y una coordinación centralizada entre autoridades civiles, organismos de rescate y fuerzas logísticas. Sin embargo, el informe afirma que dicha estructura no funcionó de manera adecuada, obligando a ciudadanos, voluntarios y equipos internacionales a asumir gran parte de las labores de búsqueda y asistencia.
Operaciones
En las operaciones participaron brigadas de rescate provenientes de varios países, mientras que algunos equipos venezolanos enfrentaron limitaciones por falta de herramientas, maquinaria especializada y recursos técnicos. Testimonios recogidos en la investigación describen dificultades operativas que habrían reducido la capacidad de respuesta nacional.
El documento también señala que durante los primeros días de la emergencia fueron ciudadanos y organizaciones independientes quienes ayudaron a crear registros de personas desaparecidas debido a la falta de un sistema oficial eficiente de identificación y seguimiento.
La investigación compara la situación con la tragedia de Vargas de 1999, un desastre que impulsó reformas para mejorar la gestión de riesgos en Venezuela. No obstante, los autores sostienen que con el paso de los años esas instituciones perdieron autonomía, recursos y preparación técnica.
Finalmente, el informe concluye que el impacto del doble terremoto no solo expuso la magnitud de una catástrofe natural, sino también las debilidades acumuladas en el sistema de respuesta venezolano. Para los investigadores, la falta de planificación, coordinación y capacidad operativa agravó las consecuencias de un desastre que pudo haber requerido una estrategia de emergencia más sólida y organizada.