El escándalo por presuntas irregularidades en la contratación pública en el Meta ha puesto en el ojo del huracán a una influyente red de poder político y familiar. En el centro de la polémica está Juan José Casasfranco Medellín, actual directivo de la Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y exgerente de la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM).
Polémico
Casasfranco Medellín fue una pieza clave en la administración de la exgobernadora del Meta, Marcela Amaya, y de su esposo, Carmelo Pérez, en la adjudicación del polémico contrato 103 de 2016. Este proyecto, destinado a la construcción de dobles calzadas en Villavicencio, comenzó con un presupuesto de $82.382.867.556 y terminó costando $118.013.804.130, con una entrega tardía de casi cinco años.
El contratista, Mauricio Mejía Hoyos, tiene lazos cercanos con el mayor contratista del Meta, Iván Alberto Pérez Gómez, primo hermano de Carmelo Pérez. Esta relación ha generado serias sospechas sobre un posible direccionamiento de los contratos en favor de la familia de la exgobernadora.
Denuncias
Las denuncias por corrupción no tardaron en llegar, señalando presuntas irregularidades en la celebración de contratos, posible peculado por apropiación y favorecimiento indebido. El proceso judicial contra los responsables, incluido Casasfranco Medellín, avanza en etapa de juicio.
Pero lo que ha despertado aún más indignación es que, a pesar de estas denuncias, Casas Franco fue nombrado en la USPEC, lo que deja en evidencia la influencia del senador Alejandro Vega, sobrino de Carmelo Pérez, dentro de esta entidad.