Las víctimas de las Farc han manifestado su total repudio a una decisión emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que sancionan con penas alternativas a prisión a seis dirigentes desmovilizados que hoy forman parte del partido de izquierda.
La resolución de la JEP indica que contra ellos podría haber “restricción no carcelaria de libertades y derechos”, aun cuando se sabe de los graves delitos cometidos por este grupo desmovilizado de la guerrilla colombiana.
Quienes alzaron sus voces de protesta ante lo que consideran un “castigo desproporcionado” por parte de la JEP, fueron Clara Rojas e Ingrid Betancourt, quienes estuvieron en cautiverio por más de cinco años y hoy se han convertido en la representación más visibles de las víctimas de secuestro de las Farc.
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Cuestionan decisión de la JEP
“La sanción no fue proporcional para nada, si querían indultar no era montando una Jurisdicción Especial para la Paz y haciendo el amago de que están cumpliendo el acuerdo de Roma cuando no lo están cumpliendo”, dijo una decepcionada Clara Rojas.
En cambio, Betancourt afirmó «Si bien los colombianos aceptamos que los integrantes del entonces secretariado no irían a la cárcel a cambio de firmar la paz, también se acordó que pueden ser sujetos a casa por cárcel para evitar impunidad».
La decepción
Se trata de una decisión que ha generado decepción en las víctimas de secuestro de las Farc, quienes consideran que en la JEP no encontrarán ningún tipo de justicia a la pesadilla que tuvieron que vivir durante años.
Las sanciones contra los desmovilizados son a todas luces desproporcionadas, por lo que se cree seguirá habiendo impunidad en un país que ha sufrido por por el terror infundido por los grupos de guerrilla, de los cuales algunos de sus integrantes ahora apuestan a la paz, pero sobre todo al olvido.
Pero lo cierto del caso es que los colombianos, mucho menos los que desafortunadamente fueron víctimas de la crueldad de los grupos irregulares, tendrán presente las barbaries cometidas en otrora, por lo que buscarán cualquier instancia para lograr por fin que haya una verdadera justicia. Y el Estado debe ser garante del cumplimiento de las sanciones para grupos criminales que libran campantes por el país, sobre todo si quieren tener éxito en las negociaciones que adelantan en Venezuela con el ELN.
«De la legitimidad de condenas que se impongan en este Caso 01 en la JEP va a depender en gran medida la credibilidad, el éxito o el fracaso de las negociaciones que se iniciaron esta semana con el ELN», aseguró Betancourt.