Un proceso judicial avanza en Ipiales, Nariño, luego de que Henry Lisardo Hernández fuera judicializado por hechos que habrían ocurrido entre mayo y junio de 2024, cuando el investigado se encontraba realizando trabajos de construcción en una vivienda del municipio.
De acuerdo con la información conocida dentro de la investigación, el hombre habría aprovechado la confianza que tenía con la propietaria del inmueble para establecer contacto con una sobrina de esta, quien para ese momento era menor de edad.
Según la hipótesis investigativa, Hernández habría aprovechado una circunstancia en la que se encontraba a solas con la menor para, presuntamente, cometer una agresión de carácter sexual. Los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades y, de acuerdo con la información suministrada, un fiscal seccional presentó ante un juez los elementos recopilados durante el proceso y formuló imputación contra el investigado.
Fiscalía formuló imputación
Durante la actuación judicial, la Fiscalía le imputó a Henry Lisardo Hernández el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, conducta contemplada en la legislación penal colombiana.
La imputación constituye el señalamiento formal que realiza la Fiscalía dentro del proceso penal y no equivale, por sí sola, a una sentencia condenatoria. La responsabilidad penal del procesado deberá ser determinada por la justicia mediante las etapas correspondientes.
El caso se relaciona con hechos que presuntamente ocurrieron en un inmueble de Ipiales mientras Hernández desarrollaba labores de construcción. La investigación busca establecer con precisión las circunstancias en las que se habrían presentado los hechos y recopilar los elementos materiales probatorios y testimonios que permitan avanzar en el proceso.
La condición de menor de edad de la presunta víctima hace que el caso sea especialmente sensible y que las autoridades deban aplicar las medidas de protección establecidas para garantizar sus derechos y evitar su revictimización durante las actuaciones judiciales.
Tras la actuación de la Fiscalía, el proceso continuará en las instancias judiciales correspondientes, donde deberán valorarse los elementos presentados por las partes. La investigación deberá establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que presuntamente ocurrieron los hechos, así como determinar la responsabilidad que eventualmente pueda corresponder al procesado. Mientras el proceso avanza, Hernández conserva las garantías propias del debido proceso y la presunción de inocencia hasta que exista una decisión judicial definitiva. El caso vuelve a poner de manifiesto la importancia de fortalecer los mecanismos de protección de niños, niñas y adolescentes y de acudir oportunamente ante las autoridades cuando existan indicios de posibles delitos que afecten su integridad y sus derechos.