La juez décima de Familia tomó la decisión final sobre el cumplimiento del fallo. En efecto, el 22 de abril de 2026 determinó no imponer sanciones. Esta resolución descarta el desacato en el proceso. Además, refleja un análisis detallado de las actuaciones. Por consiguiente, se fortalece la legitimidad institucional. De esta manera, se brinda mayor confianza a la ciudadanía. Así, se consolida la seguridad jurídica.
Durante su evaluación, la funcionaria concluyó que no existió negligencia. Asimismo, descartó intención de incumplir la decisión judicial. Por el contrario, destacó los avances técnicos alcanzados. Esto evidencia un desarrollo adecuado del proceso. Además, se demuestra compromiso institucional. En consecuencia, se valida la gestión realizada. Así, se garantiza la transparencia.
Ana Catalina Castro aseguró que se ha actuado con legalidad y transparencia. Además, enfatizó que cada acción ha seguido los lineamientos establecidos. En este contexto, se han implementado estrategias efectivas. De igual forma, se ha promovido la participación comunitaria. Por ende, se fortalece la confianza institucional. Asimismo, se consolida el proceso. Esto mejora sus resultados.
Finalmente, se destacó la inversión superior a mil millones de pesos. Estos recursos han sido destinados a asesorías, logística y encuentros comunitarios. Además, respaldan la fase definitiva del proceso. En consecuencia, se garantiza una ejecución eficiente. De esta manera, se optimizan los resultados esperados. También se fortalece la inclusión social. Así, se asegura el cumplimiento del fallo.