Una decisión judicial estableció restricciones para operaciones de bombardeo en zonas donde exista información que indique la posible presencia de menores de edad. La medida surge en medio del debate nacional sobre las operaciones militares contra estructuras armadas y los riesgos para personas reclutadas ilegalmente.
El fallo plantea que las autoridades deben considerar información disponible sobre la presencia de niños, niñas y adolescentes antes de ejecutar determinadas operaciones aéreas. El objetivo es reducir los riesgos de afectación a menores que podrían encontrarse bajo control de organizaciones armadas.
La decisión se suma a otras medidas cautelares que han generado discusión entre sectores del Gobierno, organizaciones defensoras de derechos humanos y autoridades judiciales sobre los límites de las operaciones militares.