En medio de debates cada vez más intensos sobre memoria, reparación y responsabilidades históricas, ha surgido nuevamente la pregunta: ¿es posible hacer un “juicio” a la violencia del pasado en Colombia? La discusión tomó fuerza tras recientes declaraciones de académicos, organizaciones sociales y representantes institucionales que buscan replantear la forma en que el país interpreta los ciclos de conflicto que han marcado su historia.
La controversia gira en torno a cómo deben recordarse y analizarse los hechos violentos cometidos por distintos actores —estatales, insurgentes y civiles— y qué papel debe jugar la justicia en ese proceso. Para algunos sectores, revisar el pasado con rigor es esencial para evitar que se repitan las tragedias; para otros, el riesgo está en politizar la memoria o reinterpretarla según los intereses del momento.
Expertos en justicia transicional señalan que Colombia cuenta con mecanismos como la Comisión de la Verdad, la JEP y múltiples iniciativas comunitarias que han intentado dar voz a las víctimas y construir narrativas colectivas. Sin embargo, advierten que aún persisten tensiones sobre cuáles hechos deben priorizarse, cómo deben contarse y qué responsabilidades deben asumirse públicamente.
Organizaciones de víctimas insisten en que el país no puede avanzar sin reconocer plenamente lo ocurrido, mientras que sectores políticos plantean que el enfoque debe estar más centrado en el futuro que en la revisión del pasado. Este choque de perspectivas ha reactivado el debate nacional sobre el equilibrio entre memoria, perdón, justicia y reconciliación.
Por ahora, el tema continúa en la agenda pública, y todo indica que seguirá alimentando discusiones académicas, sociales y políticas que buscan responder a una pregunta de fondo