El nombre de Juliana Guerrero se convirtió en uno de los más mencionados dentro del panorama político colombiano luego de su rápido ascenso dentro del Gobierno del presidente Gustavo Petro y por los cuestionamientos relacionados con sus cargos, contratos, declaraciones económicas y presuntas irregularidades que actualmente son objeto de debate público.

Según los registros de Función Pública revisados tras las recientes controversias, Guerrero tuvo vinculaciones laborales y contractuales con diferentes entidades del Estado, entre ellas el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el Ministerio del Interior y posteriormente una relación con el Ministerio de Ambiente.

Su trayectoria dentro del Ejecutivo comenzó en 2022 y con el paso del tiempo llegó a ocupar posiciones cercanas a altos funcionarios del Gobierno, hasta convertirse en una de las figuras jóvenes con mayor exposición dentro del círculo presidencial.

Sus primeros vínculos con el Gobierno Nacional

Los primeros registros oficiales de Juliana Guerrero aparecen en octubre de 2022, cuando presentó una declaración relacionada con una vinculación contractual con la Secretaría de Transparencia del Dapre.

De acuerdo con la información publicada sobre sus registros administrativos, su primera relación con el Gobierno correspondió a un contrato como asistente de secretaria ejecutiva, cargo que habría desempeñado entre noviembre de 2022 y enero de 2023.

En ese momento, Guerrero reportó ingresos laborales por aproximadamente $6 millones de pesos durante 2021, sin declarar bienes patrimoniales ni cuentas bancarias en Colombia o en el exterior.

Su llegada al Gobierno ocurrió en un contexto en el que la administración Petro buscaba fortalecer la participación de jóvenes en cargos públicos, especialmente dentro de entidades relacionadas con asuntos sociales y territoriales.

Contratos y cargos registrados durante el Gobierno Petro

Ministerio del Interior: su salto a cargos de mayor influencia

En enero de 2023, Guerrero apareció vinculada como contratista del Ministerio del Interior. Posteriormente tuvo otro contrato con esa misma cartera como enlace territorial de la Dirección de Seguridad y Convivencia.

Según los registros revisados, este contrato tuvo una duración aproximada de cuatro meses y estuvo relacionado con funciones territoriales. El valor reportado del contrato fue de $11.786.424, con pagos mensuales cercanos a $2.946.606.

Durante este periodo, Guerrero también actualizó sus declaraciones de bienes y rentas, registrando ingresos laborales por alrededor de $2 millones en 2022 y posteriormente modificaciones relacionadas con sus cuentas bancarias y domicilio registrado.

Su llegada al círculo cercano del poder presidencial

La exposición pública de Juliana Guerrero aumentó durante 2025, cuando empezó a aparecer como una persona cercana al entorno presidencial.

El presidente Gustavo Petro llegó a presentarla públicamente como una joven representante de nuevas generaciones dentro de su proyecto político, destacando su liderazgo y participación dentro del Gobierno.

Posteriormente asumió funciones relacionadas con el despacho del ministro del Interior, Armando Benedetti, desde donde ganó mayor visibilidad política.

Sin embargo, ese crecimiento también generó críticas de sectores opositores y cuestionamientos sobre su experiencia, preparación profesional y la forma en que llegó a posiciones de alta confianza dentro del Ejecutivo.

Los ingresos que aparecen en sus declaraciones oficiales

Uno de los puntos que generó mayor interés fue la comparación entre los ingresos reportados oficialmente por Guerrero y las acusaciones que posteriormente surgieron alrededor de posibles beneficios económicos derivados de gestiones ante entidades públicas.

Según los registros divulgados:

• En 2021 reportó ingresos laborales por $6 millones.
• En 2022 declaró ingresos por aproximadamente $2 millones.
• En 2023 y 2024 registró cerca de $3 millones en ingresos laborales.
• En una declaración posterior reportó ingresos por $5 millones.

Además, en algunas declaraciones registró saldos bancarios que variaron entre documentos presentados ante Función Pública, incluyendo reportes de cuentas con montos bajos y posteriormente modificaciones en sus registros económicos.

Las denuncias y cuestionamientos que rodean su caso

El caso de Juliana Guerrero tomó una nueva dimensión después de que surgieran denuncias relacionadas con una supuesta estructura de influencia dentro del Gobierno.

Algunas publicaciones periodísticas señalaron la existencia de testimonios, conversaciones y documentos que serían parte de investigaciones sobre posibles intermediaciones irregulares relacionadas con contratos públicos. Estas acusaciones han sido negadas por Guerrero, quien ha afirmado que no recibió dinero, comisiones ni beneficios económicos por gestionar recursos estatales.

Además, su nombre estuvo relacionado con otra polémica por cuestionamientos sobre sus títulos académicos y su aspiración a ocupar cargos dentro del Gobierno, situación que llevó a revisiones oficiales sobre la validez de sus documentos profesionales.

La revisión de sus contratos y la polémica política

El caso Guerrero abrió un debate dentro y fuera del Gobierno Petro sobre los criterios utilizados para seleccionar funcionarios y contratistas, especialmente jóvenes que llegan rápidamente a posiciones estratégicas.

Sus defensores han señalado que representa una nueva generación de liderazgos provenientes de sectores populares y que las críticas en su contra tienen un componente político.

Sus críticos, por otro lado, cuestionan si su ascenso estuvo acompañado de suficiente experiencia, formación y controles institucionales.

¿Qué sigue en el caso de Juliana Guerrero?

Actualmente, el nombre de Juliana Guerrero continúa bajo revisión pública debido a las denuncias, investigaciones y cuestionamientos relacionados con su paso por el Gobierno Nacional.

Mientras las autoridades determinan si existieron irregularidades o responsabilidades individuales, los registros oficiales permiten reconstruir su trayectoria: comenzó como contratista en entidades del Ejecutivo, pasó por cargos de confianza política y terminó convirtiéndose en una de las figuras más controvertidas alrededor del Gobierno Petro.