La Agencia Nacional de Tierras (ANT) oficializó la entrega del predio El Laguito II a un grupo de familias campesinas del municipio de San Carlos, Córdoba, poniendo fin a una larga disputa por un terreno que, según determinaciones judiciales y administrativas, es un baldío de la Nación que fue ocupado y explotado de manera indebida por la empresa Agropecuaria El Ubérrimo, vinculada al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La subdirectora de Acceso a Tierras de la ANT, Lilia María Rodríguez, calificó la adjudicación como un acto de justicia histórica, señalando que este caso refleja cómo predios estatales destinados para campesinos habían sido apropiados por grandes empresas y grupos políticos mediante maniobras legales. La entrega del terreno, de 8,3 hectáreas, representa la devolución a quienes debieron haber tenido acceso a él desde décadas atrás.
La disputa por El Laguito II se remonta a 2018, cuando la empresa El Ubérrimo intentó formalizar su posesión alegando ocupación prolongada. No obstante, un juez determinó que el predio era un baldío estatal y bloqueó cualquier intento de legalización. En 2022, presionada por el proceso jurídico, la empresa devolvió el terreno a la ANT. Solo entonces pudo entrar la Asociación Baluarte Campesino Juana Julia Guzmán, que desde 2023 viene desarrollando proyectos agrícolas como cultivos de arroz, plátano y yuca.
Con la adjudicación oficial realizada esta semana, las familias campesinas beneficiarias podrán acceder a créditos y recursos para fortalecer sus proyectos productivos, lo que les brinda mayor estabilidad y posibilidades de crecimiento económico.
Este caso se inscribe en el marco de la Reforma Agraria impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que —según cifras de la ANT— ya ha titulado más de 1.878.000 hectáreas. Para el Gobierno, este avance demuestra que se están recuperando tierras que históricamente habían sido acaparadas por élites y se están devolviendo a manos campesinas. Al mismo tiempo, señalan que estos avances explican la resistencia política de sectores que tradicionalmente se han beneficiado de la concentración de la tierra.
Por su parte, el expresidente Uribe ha intentado defenderse mediante publicaciones en redes sociales, mencionando avalúos y precios de otros predios para argumentar transparencia, aunque las críticas persisten debido a la ocupación previa de tierras baldías cuya destinación legal debía ser campesina.
La adjudicación de El Laguito II simboliza, para el Gobierno, un avance concreto en la lucha contra la concentración de la tierra y la recuperación de bienes públicos. Para las comunidades campesinas, significa acceso real a tierra, sostenibilidad y la posibilidad de construir proyectos productivos propios. Con este hecho, la ANT reafirma que es posible desmontar prácticas que durante décadas mantuvieron desigualdad y privilegios en el campo colombiano.