La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto una red criminal dedicada a la extorsión y estafa telefónica desde la cárcel La Picota en Bogotá. Las labores de investigación financiera permitieron rastrear más de 4.900 millones de pesos obtenidos mediante engaños y amedrentamientos a través de la aplicación WhatsApp. Los integrantes de la estructura creaban perfiles falsos de mujeres para ofrecer supuestos servicios sexuales, obtenían fotografías de redes sociales, realizaban montajes y exigían dinero a las víctimas para evitar la divulgación del material. En consecuencia, el ente de control penal neutralizó un sistema de finanzas ilícitas que operaba dentro y fuera de los centros carcelarios.
Las actividades de policía judicial analizaron más de 631.000 transacciones financieras y documentaron 43 noticias criminales asociadas a denuncias de los ciudadanos. De igual manera, los delincuentes reclutaban e instruían a otros internos en el pabellón 6 para realizar llamadas masivas hacia distintas regiones del país. Los giros económicos ingresaban inicialmente a billeteras digitales y cuentas de terceros para luego retirarlos en efectivo. Por su parte, la organización destinó más de 2.000 millones de pesos para comprar seis inmuebles y cuatro vehículos en Bogotá, Cundinamarca y Meta. Por lo tanto, la entidad solicitará medidas cautelares sobre estos bienes para aplicar el comiso definitivo.
La Fiscalía General desarticula una compleja red de extorsión carcelaria que movió 4.900 millones de pesos
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El entramado criminal tenía como articulador principal a alias El Don o Pluma, un recluido en La Picota postulado ante la JEP que cumple una condena de 38 años de prisión. De igual forma, el sujeto contaba con la colaboración directa de su esposa, su hijo y su hijastra en el exterior para administrar los recursos y adquirir activos. Los servidores del CTI notificaron al cabecilla en su celda y capturaron a sus tres familiares en operativos simultáneos. Adicionalmente, un fiscal de la Delegada para las Finanzas Criminales imputó a los procesados los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, amenazas, concierto para delinquir y suplantación de identidad. Por este motivo, el juez impondrá medida de aseguramiento en centro penitenciario a los tres familiares. Por consiguiente, la acción judicial desmantela la cúpula de la organización.
Paralelamente, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) emite alertas tempranas mediante Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) para apoyar los rastreos patrimoniales de las autoridades judicativas. Adicionalmente, el Ministerio de Justicia y del Derecho fortalece las estrategias tecnológicas para restringir la señal celular en los perímetros carcelarios del país. Del mismo modo, la Superintendencia Financiera de Colombia intensifica la supervisión sobre las plataformas de almacenamiento de dinero digital para prevenir el flujo de giros extorsivos. Por esta razón, los organismos gubernamentales unifican esfuerzos técnicos para combatir el delito desde los establecimientos de reclusión.
La Fiscalía General desarticula una compleja red de extorsión carcelaria que movió 4.900 millones de pesos
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Finalmente, las personas afectadas por chantajes o llamadas sospechosas pueden interponer sus denuncias a través de la plataforma ‘¡A Denunciar!’ de la Fiscalía o en el portal ‘Bogotá te Escucha’. Además, las víctimas disponen de la Línea de Emergencias 123 para alertar sobre intentos de cobros ilegales de manera inmediata. De igual forma, la cuenta verificada de la Fiscalía General de la Nación en la red social X publica información periódica acerca de los golpes contra el crimen organizado y el lavado de activos. En efecto, la articulación judicial frena el accionar de las estructuras extorsivas en el país.