Las afectaciones que han dejado las lluvias durante la más reciente ola invernal en Colombia han hecho que el presidente Gustavo Petro tome medidas para atender a más de 500.000 personas damnificadas, en medio de una de las peores situaciones de emergencia que vive el país a causa de la ola invernal, la cual ha costado al Gobierno 2.1 billones de pesos y que amenaza con extenderse hasta febrero del 2023.
La orden del mandatario nacional es poner en marcha la Ley 1523 de 2012, la cual da facultades al Estado de realizar expropiaciones administrativas de ciertos predios para albergar a personas sin hogar de forma temporal.
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Las calamidades
Gustavo Petro instruyó a las autoridades ministeriales y departamentales iniciar con el proceso, tal y como lo dicta la ley, en caso de ser necesario. De esa manera, se evitará que los damnificados sufran calamidades en refugios tradicionales instalados en canchas deportivas o colegios.
“El llamado del Presidente es a que en este momento los alojamientos temporales y el traslado de familias que requieren ser evacuadas no sea a lugares como salones comunales o colegios, sino que sea a predios o inmuebles privados que lleven a un proceso establecido y reglamentado en la Ley 1523”, aseguró Javier Pava, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Claridad de la ley que ordena aplicar Gustavo Petro
Sobre este mecanismo, la ley es bastante clara. Ministros y Gobernadores escogerán los predios que a su juicio sean los más aptos como refugios. Una vez que hayan escogido los terrenos, harán una oferta de compra a sus propietarios. Si se niegan a vender, la autoridad hará una contraoferta basada en un avalúo del terreno.
Pero si aun así no obtienen una respuesta positiva y se agotan cualquier etapa de la negociación, emplearán el mecanismo de expropiación administrativa y el Gobierno se hará con los predios. Aunque es una ley, nunca antes se ha aplicado en Colombia.
Las buenas intenciones que manifiesta el Gobierno en apariencia es más que entendible. El asunto está en la obligatoriedad del propietario de entregar los terrenos que tanto trabajo les ha costado conseguir, ya sea por negociaciones con el Estado o por vía de expropiación.
Si los gobiernos hubiesen triplicado los esfuerzos en generar mecanismos para reducir el número de afectaciones por lluvias, no se vería en la necesidad de aplicar una ley de expropiación que a todas luces genera incertidumbre y malestar. Si no existe otra opción más que quitarle los predios a sus dueños, entonces deben hacer que las indemnizaciones sean sustanciosas y que lleguen en el momento oportuno.
