Nariño, el departamento que alguna vez fue presentado como modelo de los procesos de Paz Territorial en Colombia, enfrenta hoy un panorama sombrío.
Fracasado el intento del Gobernador Luis Alfonso Escobar, con el grupo Comuneros del Sur, una disidencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln, el departamento está hoy abocado al regreso de la guerra y de la violencia.
En ese sentido, el panorama que ofrece Nariño en esta etapa final del 2026, no puede ser más desalentador:
Persisten los enfrentamientos entre grupos armados, los desplazamientos de comunidades, la persistencia de las economías ilegales y ahora el asedio de los incendios forestales han convertido a 2026 en un año particularmente doloroso para los nariñenses. El proceso con Comuneros del Sur, que llegó a despertar esperanzas de una salida negociada al conflicto, finalmente no se pudo concretar.
Nunca hubo “Paz Total”
Durante algún tiempo existió la esperanza de que este departamento pudiera convertirse en una especie de excepción dentro del complejo panorama de la llamada “Paz Total” impulsada durante el Gobierno de Gustavo Petro. Mientras en otras regiones del país las conversaciones con grupos armados tropezaban una y otra vez con dificultades, en Nariño parecía abrirse una ventana de oportunidad, relacionada con las negociaciones que venía realizando la Gobernación con el Frente Comuneros del Sur, las cuales llegaron a ser tomadas como modelo de la “Paz Territorial”
Una esperanza frustrada
En efecto, las conversaciones con esta estructura, disidencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional Eln iban tan bien, que el 6 de abril de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro y el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, anunciaron la entrega de armas, por parte de esa disidencia.
Se trató de una excelente noticia, puesto que, haciendo cuentas, todo apuntaba a que este dialogo en el departamento de Nariño a final de cuentas iba a ser el único proceso con resultados en el marco de la “Paz Total” impulsada por el Gobierno Nacional, puesto que los intentos con las demás organizaciones alzadas en armas, se habían constituido en rotundos fracasos.
Por lo tanto, el proceso adelantado con Comuneros del Sur, estructura surgida de una fractura del Eln y que durante el Gobierno anterior fue incorporada a una negociación territorial específica, llegó a ser considerado por sectores oficiales como uno de los que mayores posibilidades tenía de producir resultados concretos, lo que no se dio.
Nariño es un territorio que ha soportado durante décadas la presencia de guerrillas, disidencias, organizaciones criminales, narcotráfico, minería ilegal, cultivos ilícitos, desplazamientos y confinamientos. Por eso, cualquier posibilidad de que una estructura armada abandonara las armas y permitiera recuperar territorios para las comunidades despertaba enormes expectativas.
Un sueño que no se cumplió
El Gobierno nacional llegó a destacar que la Mesa para la Construcción de Paz Territorial con Comuneros del Sur involucraba a diez municipios e iba a beneficiar potencialmente a más de 200.000 habitantes.
El propósito no se limitaba al desarme: contemplaba sustitución de cultivos, desminado humanitario, búsqueda de desaparecidos, prevención del reclutamiento de menores, proyectos productivos, educación, infraestructura y cultura.
Es decir, se pretendía construir una paz que fuera mucho más allá de la simple dejación de las armas. Pero hoy aquella ilusión se desvaneció como lo ha reconocido el gobernador Luis Alfonso Escobar.
Un año preocupante
En lo que va corrido del presente año, en diferentes zonas de Nariño se han presentado enfrentamientos entre estructuras armadas que disputan territorios, corredores estratégicos, rentas ilegales y áreas de influencia.
Se trata de episodios bélicos, los cuales le han causado una gran afectación a lo moradores de diferentes municipios, campesinos, indígenas, comunidades afrodescendientes y moradores de lo sectores rurales,
El drama de Cumbitara
Un ejemplo dramático se presentó en Cumbitara, donde combates registrados desde marzo de 2026 provocaron el desplazamiento de más de 200 familias. La Defensoría del Pueblo informó que los enfrentamientos involucraban presuntamente al Frente Franco Benavides de las disidencias de las Farc, Comuneros del Sur y otra estructura armada.
Los afectados se vieron obligados a abandonar sus veredas y buscar refugio en la cabecera municipal, lo que se constituyó en un verdadero dolor de cabeza para la administración municipal.
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Luis Alfonso Escobar, Gobernador de Nariño
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El proceso de paz con el grupo Comuneros del Sur, una disidencia del Eln, parecía que iba a ser el único que iba a funcionar, pero al final todo se constituyó en un rotundo fracaso,
TITULO (RECUADRO)
La fuga que acabó el proceso
Tal vez, la situación que más afectó al proceso de paz con el grupo Comuneros del Sur, en el departamento de Nariño fue la fuga de una clínica de Pasto del Gestor de Paz, Luis Alberto Villota Rodríguez, alias Tito.
Debido a este hecho, el Gobierno de Gustavo Petro en cabeza de la Consejería Comisionada de Paz le revocó ese estatus, dos días después de que hombres armados del frente Comuneros del Sur irrumpieran en la Clínica Nuestra Señora de Fátima de Pasto y lo rescataran por la fuerza durante una cita médica.
La operación ocurrió el viernes 5 de junio a las 9:30 p. m cuando un grupo fuertemente armado entró al centro asistencial, intimidó al personal médico, desarmó al guardia de seguridad privada y despojó de su arma de dotación al funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que custodiaba al recluso. Ninguno de los dos resultó herido.
Fuerte rechazo
El propio Inpec describió lo sucedido como un rescate “bajo la modalidad de rescate”, término que en el lenguaje institucional colombiano distingue una fuga facilitada por terceros de una evasión individual. La entidad activó de inmediato un plan conjunto con la Policía Nacional para intentar la recaptura.
Alias Tito se había fugado en complicidad con integrantes de su grupo armado de la clínica donde era atendido – crédito Ejército Nacional
El coronel Hernando Calderón, en ese entonces, comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, confirmó que alrededor de las 11:00 p. m. recibieron el aviso del Inpec. “Inmediatamente iniciamos las labores de búsqueda, se instalaron puestos de control para lograr el paradero de esta persona”, dijo el oficial.
Por su parte, a delegación del Gobierno en la Mesa para la Co-Construcción de Paz Territorial con Comuneros del Sur, encabezada por Carlos Erazo como jefe de delegación, emitió un comunicado el 7 de junio de 2026 en el que condenó “de manera inequívoca las vías de hecho que atentan contra la institucionalidad colombiana, la paz y ponen en riesgo a la población civil”.
En ese mismo documento, el Gobierno advirtió que la acción del frente armado “pone en riesgo todos los avances” acumulados en 19 meses de negociación, en los que se firmaron 12 acuerdos parciales sobre sustitución de cultivos, desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas, prevención del reclutamiento de menores e inversión en proyectos productivos, educativos, viales y culturales. El tiempo demostrará que esa fuga liquidó todo lo que se había trabajado a favor de la paz en el departamento de Nariño.
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Luis Alberto Villota Rodríguez, alias Tito.
TITULO (RECUADRO)
Por falta de voluntad de paz,
acabaron todos los diálogos
Argumentando una total falta de “voluntad de paz, el presidente de la República, Abelardo De la Espriella, cerró las mesas con las disidencias bajo el mando de alias ‘Calarcá’, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).
La mesa fue terminada por “ausencia de voluntad de paz”, según la Resolución 343 de 2026. El Gobierno también señaló incumplimientos de acuerdos alcanzados durante el quinto ciclo y falta de elementos para acreditar una intención de reincorporación a la vida civil.
Sobre el particular el Gobierno expidió nueve resoluciones el 28 de agosto de 2026. Entre las mencionadas en el proceso están la 342, que revoca designaciones de representantes de ‘Calarcá’; la 343, que termina esa mesa; la 344, que retira a representantes del Gobierno; y la 346, que cierra el proceso con la CNEB.