Por Ricaurte Losada Valderrama
En algunas oportunidades me he referido a la necesidad de promover, defender y proteger los derechos, reiterando la urgencia de tener siempre presente que no hay nada en el ser humano que no tenga que ver con los derechos y, por supuesto, con los deberes.
Al respecto, en esta ocasión quiero hacer hincapié en unos aspectos que considero prioritarios. Entre ellos, es indispensable apoyar el fortalecimiento y transferencia de conocimiento sobre los derechos a todas las personas que sea posible, de manera particular a la población más vulnerable, así como dar apoyo al seguimiento del estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario.
Asimismo, indicar ante quién acudir en procura de dar solución a los requerimientos en derechos humanos, como las dependencias de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las personerías distritales y municipales, las dependencias estatales y privadas, las organizaciones en materia de derechos humanos, así como a los funcionarios públicos y a las personas en general.
De modo que hay una gran cantidad de entidades estatales obligadas a ocuparse de manera directa de la promoción, defensa y protección de los derechos, muchas de las cuales no cumplen cabalmente su obligación, entre otras razones por falta de capacitación adecuada de sus funcionarios.
Además, todos estamos obligados a defender y difundir los derechos como fundamento de la convivencia pacífica, pero también a respetar los derechos ajenos y a no abusar de los propios, así como a obrar conforme al principio de solidaridad social y a tener presente que el ejercicio de los derechos y libertades implica responsabilidades -artículo 95 de la Constitución-. Por lo tanto, es indispensable hacer mucha pedagogía en torno de que cada derecho conlleva su correlativo deber.
Por lo anterior, se requieren muchas condiciones para engranar, articular y ejecutar una verdadera y bien programada pedagogía integral sobre los derechos.
Esa política debe cobijar un trabajo permanente en cada una de las entidades estatales, por parte de ellas mismas y también a nivel interinstitucional, para que a través de funcionarios públicos bien capacitados se realicen conferencias, talleres, foros y todo tipo de actividades y eventos que sea posible para concientizar, ojalá a todos los colombianos sobre esta prioridad que no solo traería desarrollo personal sino contribución efectiva y eficaz en la derrota indispensable a la guerra y en la necesidad, también inaplazable de construir la paz.
Se requiere además, algo así, y sin burocracia improductiva, una especie de escuela nacional de promoción, defensa y protección de los derechos, y muchas escuelas con este propósito en todo el país que fortalezcan las herramientas en derechos humanos, así como hacer conocer de todos los colombianos que sea posible la deplorable situación de los derechos humanos en el país, para que teniendo ese diagnóstico se genere en cada persona una verdadera interiorización del problema, meta bien difícil, más no imposible y, en tales condiciones, se den también mayores posibilidades para hacer efectivos los derechos y el cumplimiento de los deberes.
Y, entre otras prioridades, hacer entender que el país no puede seguir incumpliendo los tratados internacionales en materia de derechos, pues no solo lo obligan, sino porque constituye un medio eficaz para su protección.
@ricaurtelosada