Ya se ha hablado acerca de la ley de la ‘paz total’, que pretende erradicar el conflicto armado en su totalidad. Durante la tarde de miércoles se radicó el proyecto de ley ‘de sujeción a la justicia ordinaria y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto’.
Desde el 4 de noviembre de 2022, cuando el Presidente Gustavo Petro sancionó la ley 418 de la paz total, se ha tratado de restablecer diálogos con los grupos armados al margen de la ley, crear nuevas oportunidades de diálogo que permitan el desarrollo de nuevos y mejores acuerdos en pro de los colombianos.
Cabe resaltar que este proyecto fue consolidado con un mensaje de urgencia para que “el límite de la incertidumbre sea menor y la gente sepa a qué ley acogerse».
“Este proyecto de ley contiene una oferta generosa por parte del Estado colombiano a esas estructuras criminales de alto impacto, para que si se entregan, confiesan sus delitos, entregan sus bienes, entregan la información sobre sus patrones criminales y reparan a las víctimas, el Estado les entregue un tratamiento penal más benigno que el ordinario, todo con la finalidad de que podamos vivir en una paz completa»
Ministro de Justicia
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Con este proyecto de ley se pretende poder desmantelar las «narcobandas» de alto impacto mediante las estrategias de investigación y judicialización; la paz total ayudará a que no haya reincidencias.
Roy Barreras también se pronunció al respecto afirmando que el proyecto de ley es un buen ejemplo de concertación y diálogo.
Cabe resaltar que dentro del proyecto de ley quedan excluidos los grupos y organizaciones armadas rebeldes que poseen carácter político, con las cuales el Gobierno adelanta diálogos o conversaciones de paz.
Para tener en cuenta, según el Ministerio de Justicia y Derecho; se consideran estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto:
- Las organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas;
- Que se encuentren organizadas en una estructura jerárquica y/o en red;
- Que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, entre las que podrán encontrarse las tipificadas en la Convención de Palermo;
- Que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen;
- Que cumplan funciones en una o más economías ilícitas.
En cuanto a las penas, el proyecto contempla que a los jefes o cabecillas de la estructura armada organizada de crimen de alto impacto se les imponga una pena de privación efectiva de la libertad en establecimiento carcelario de seis (6) a ocho (8) años.