El líder social Andrés Felipe Romero Quiroz, representante legal de una fundación de mujeres víctimas del conflicto armado en Puerto Rico, Caquetá, denunció públicamente una presunta red de corrupción y persecución judicial dentro de la Fiscalía 162 de Florencia. Según su testimonio, el fiscal Stein Tafur Peña y un civil identificado como José Rafael Chavarro estarían involucrados en la utilización de testigos reciclados para fabricar procesos, manipular pruebas y obtener órdenes de captura con información falsa.
Romero afirmó que ha sido víctima de hostigamientos, amenazas y un proceso judicial que lo llevó a permanecer detenido durante un mes, pese a que –asegura– no existían pruebas reales en su contra. Sostiene que el fiscal habría omitido evidencias clave ante la jueza que ordenó su captura y que Chavarro actúa como testigo en múltiples casos, reclutando familiares de víctimas para inducir declaraciones fraudulentas. Incluso relató un intento de extorsión por 100 millones de pesos, en el que se le exigía dinero para evitar una supuesta judicialización.
El dirigente señaló que, aunque denunció estos hechos ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y otras instancias, no ha recibido respuesta efectiva, mientras continúan las amenazas contra su vida y la de su familia. Responsabilizó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) por omitir medidas de seguridad, a pesar de tutelas que ordenan reforzar su esquema de protección.
Romero hizo un llamado a las autoridades nacionales para investigar lo que califica como una “red criminal” que involucraría funcionarios judiciales, investigadores y civiles. También invitó a otras posibles víctimas a denunciar, asegurando contar con documentos y pruebas que, según él, demostrarían un entramado de fraude procesal y testimonios falsos que estaría afectando a varias personas en el departamento del Caquetá.