La iniciativa del senador ‘Jota Pe’ Hernández para bajar el salario de los congresistas no recibió el apoyo esperado.
Los 296 congresistas que hay en Colombia gozan de una serie de costosos privilegios que solo en el año 2022 costaron 630.000 millones de pesos. El gasto que más ampollas levanta y desata intensos debates es el del sueldo de cada parlamentario, que asciende a 35,3 millones de pesos mensuales, al que hay que sumarle otros gastos, que pagan los colombianos con sus impuestos, como equipos de asesores, camionetas, seguros de vida y tiquetes de avión.
En la última semana el salario de los legisladores se volvió tendencia por cuenta de un proyecto de ley del senador ‘Jota Pe’ Hernández que busca fijarle un tope de 25 salarios mínimos a esa mesada, pero más de la mitad del Congreso ya dejó claro que no apoyará la iniciativa y peleará por no perder este privilegiado sueldo.
De los 108 senadores, solo 55 firmaron el proyecto de Hernández y en la Cámara solo lo hicieron 60 de los 188 representantes. Esta resistencia se debe a que más de la mitad del Congreso dejó claro que peleará por no perder beneficios, a pesar de que el Estado cubre la mayoría de gastos.
Días antes de dejar el poder, el expresidente Iván Duque cumplió con el aumento salarial del 2,61 % prometido al Congreso. Tras dicho incremento, el sueldo de cada legislador quedó en 35.315.645 pesos, muy por encima del salario mínimo, que para 2022 se fijó en un millón de pesos.
En esos 35,3 millones de pesos está incluida la asignación básica mensual de cada congresista de 8,5 millones de pesos; y además se cubren gastos por representación, que equivalen a 15,1 millones de pesos; y la prima de servicios de 11,5 millones de pesos.
Aunque parezca mucho, esto no es todo. A los legisladores también se les paga su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), que es un equipo que puede tener hasta 10 asesores. Cada UTL tiene un presupuesto de 50 salarios mínimos mensuales, unos 50 millones de pesos aproximadamente.
Otro gasto adicional –que no sale del bolsillo de los parlamentarios es el de los vehículos que se les asigna. El mínimo para cada uno son dos camionetas, una en Bogotá y la otra para transportarse en su región de origen. Estos vehículos son alquilados y cada uno cuesta 15 millones de pesos al mes, incluyendo mantenimiento y repuestos.
Para los tiquetes hay un fondo de 50 millones de pesos anuales, que tiene adición si se agota. Cada legislador –excepto los de Bogotá, Cundinamarca y Boyacá– tiene derecho a un tiquete de ida y vuelta semana en el periodo de sesiones ordinarias o extraordinarias y en periodos de receso a un pasaje mensual.
Días atrás hubo dos supuestos gastos que generaron polémica y fueron desmentidos. El primero fue el de una supuesta dotación de celular de alta gama con plan de datos ilimitados, que Hernández dijo que devolvió, pero el presidente del Senado, Roy Barreras, dijo que no era cierto.
El otro fue el pago de almuerzos en la Cámara, cuyo presidente, David Racero, dijo que dejaría de hacerse, pero varios legisladores reclamaron que estaban cubriendo sus gastos de alimentación.
Estos beneficios parecen no ser suficientes para que los legisladores acepten bajarse el salario de 35,3 a 25 millones de pesos, pero el debate sigue abierto. Todo dependerá de la voluntad que se demuestre a la hora de votar el proyecto.