En medio de un panorama social marcado por desalojos y tensiones urbanas en Cali, la jornada estuvo atravesada también por un clamor ciudadano en el norte del Valle del Cauca. Trabajadores de hospitales públicos en Sevilla, Roldanillo y Zarzal salieron a las calles para exigir lo que consideran un derecho básico: el pago oportuno de sus salarios y la garantía de condiciones mínimas para atender a los pacientes.
Las movilizaciones, que incluyeron bloqueos y concentraciones, reflejan la gravedad de la crisis hospitalaria. Según los manifestantes, las EPS SOS y Coosalud adeudan más de 18 mil millones de pesos a los centros médicos de la región. Esa cifra, más allá de lo contable, se traduce en servicios cerrados, tratamientos interrumpidos y profesionales de la salud que llevan meses sin recibir su salario. Diego Torres, funcionario del Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo, describió la situación como “una crisis sin precedentes”, con especialidades suspendidas desde hace un año y pacientes obligados a desplazarse a otros municipios o departamentos para recibir atención.
La protesta no es aislada. Alexander Rebellón, representante de la Liga de Usuarios de Roldanillo, subrayó que la manifestación busca visibilizar años de incumplimientos y exigir la presencia de la Superintendencia de Salud. La demanda es clara: que las entidades responsables respondan por las deudas acumuladas y permitan la continuidad de los servicios. El reclamo se extiende a hospitales de Zarzal y Sevilla, que enfrentan la misma precariedad.
La voz de los trabajadores de la salud revela un trasfondo preocupante. Luisa Álvarez, enfermera jefe del hospital de Roldanillo, relató cómo la falta de recursos ha impedido adquirir medicamentos, pagar especialistas y cumplir contratos. Su testimonio es contundente: “Los pacientes fallecen en la institución porque no fue posible conseguir un sitio de traslado”. La frase expone el límite al que ha llegado la crisis: cuando la carencia de insumos y la ausencia de pagos se convierten en una amenaza directa a la vida.
El norte del Valle depende de estos hospitales de segundo nivel, que atienden no solo a la población local sino también a pacientes de departamentos vecinos. La parálisis de sus servicios golpea de manera amplia y profunda a comunidades enteras. La protesta, entonces, no es únicamente laboral: es un llamado urgente a garantizar el derecho a la salud en una región que se siente abandonada por las instituciones.
La situación deja en evidencia un círculo vicioso: las EPS no pagan, los hospitales se desfinancian, los trabajadores protestan y los pacientes quedan desprotegidos. El resultado es un sistema debilitado que amenaza con colapsar. La jornada de movilización de este miércoles es un síntoma de un problema estructural que exige respuestas inmediatas y efectivas. Porque detrás de las cifras y las deudas, lo que está en juego es la vida de miles de ciudadanos que dependen de un servicio público de salud cada vez más frágil.