Las dos colombianas, reconocidas por el Gobierno tras participar en la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza, fueron vinculadas mediante contratos de prestación de servicios para trabajar como enlaces con comunidades indígenas.
Manuela Bedoya Jaramillo y Luna Valentina Barreto Arango, las dos colombianas que fueron retenidas por autoridades israelíes en octubre de 2025 mientras participaban en la Flotilla Global Sumud, recibieron contratos de prestación de servicios en el Ministerio de Relaciones Exteriores para la vigencia de 2026, según documentos conocidos por Semana.
Ambas hicieron parte de una embarcación que transportaba ayuda humanitaria con destino a Gaza y fueron detenidas por autoridades israelíes. La Cancillería confirmó entonces que funcionarios consulares realizaron gestiones para garantizar su asistencia y posteriormente informó sobre su liberación.
El caso tuvo amplia repercusión en Colombia y contó con el respaldo público del entonces presidente Gustavo Petro, quien cuestionó la actuación de Israel y pidió la liberación de las connacionales.
En diciembre de 2025, además, el Gobierno les otorgó a ambas la Orden de Boyacá en el grado de Caballero, junto con otras cuatro personas, en reconocimiento a labores humanitarias relacionadas con poblaciones afectadas por conflictos armados. La propia Cancillería confirmó la entrega de la distinción.
Los contratos en la Cancillería
De acuerdo con los documentos citados por Semana, Luna Valentina Barreto Arango fue contratada para apoyar a la Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza como enlace con pueblos indígenas ubicados en municipios fronterizos de Guainía y Vichada.
El contrato tiene un valor de 45.053.772 pesos, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. El pago mensual establecido es de 3.754.481 pesos.
Por su parte, Manuela Bedoya Jaramillo recibió un contrato con la misma dependencia de la Cancillería para desempeñarse como enlace con pueblos indígenas localizados en municipios fronterizos del departamento del Chocó.
En este caso, el contrato también asciende a 45.053.772 pesos y contempla pagos mensuales de 3.754.481 pesos hasta el final de la vigencia contractual.
De la flotilla a la distinción oficial
La participación de Bedoya y Barreto en la flotilla humanitaria generó una fuerte reacción del Gobierno colombiano. La Cancillería documentó que ambas fueron detenidas tras participar en la misión internacional y posteriormente acompañó el proceso para su liberación.
Posteriormente, el Gobierno las incluyó entre las seis personas reconocidas con la Orden de Boyacá. En la ceremonia oficial, la Cancillería las identificó como artista y educadora social en el caso de Barreto, y como profesional en humanidades y salud en el caso de Bedoya.
La contratación para 2026 vuelve a poner sus nombres en el debate público, esta vez por su vinculación con la Cancillería mediante contratos destinados al acompañamiento de comunidades indígenas en zonas fronterizas.
El caso se suma a las controversias que durante los últimos años han rodeado la contratación mediante prestación de servicios en entidades estatales. Las condiciones, funciones y justificación de los contratos hacen parte de los elementos que permiten evaluar el alcance de estas vinculaciones.