Una importante operación de seguridad se llevó a cabo este jueves 13 de agosto para trasladar a más de 240 personas privadas de la libertad que permanecían en cárceles de Manizales y Pereira, luego de que las estructuras penitenciarias resultaran afectadas por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto. Las autoridades determinaron que mantener a los internos en estos establecimientos podría representar un riesgo debido a las condiciones de las instalaciones.
De acuerdo con la información conocida por Noticias RCN, los reclusos fueron trasladados hacia otros centros penitenciarios del país, entre ellos los ubicados en Itagüí, Antioquia, y La Tramacúa, en Valledupar. El operativo fue desplegado bajo estrictas medidas de seguridad para garantizar el traslado de los internos y evitar situaciones que pudieran poner en riesgo a funcionarios, población privada de la libertad o ciudadanos durante el recorrido.
La decisión se produce en medio de la emergencia que atraviesan varias zonas del país tras el fuerte movimiento telúrico. Pereira y Manizales se encuentran entre las ciudades que han reportado importantes afectaciones en viviendas, edificios e infraestructura. Según el reporte citado por Noticias RCN, Pereira registra decenas de personas fallecidas y heridas, además de edificaciones colapsadas y daños en vías y puentes. En Manizales también se contabilizan víctimas, miles de damnificados y un elevado número de viviendas afectadas.
El traslado de los más de 240 presos se suma a otras medidas adoptadas recientemente para descongestionar o proteger establecimientos penitenciarios que presentan problemas estructurales. Las autoridades deberán continuar evaluando las condiciones de las cárceles afectadas para determinar cuándo podrán volver a operar con normalidad y qué obras serán necesarias para garantizar la seguridad de quienes permanecen allí.
La emergencia penitenciaria se convierte así en otro de los efectos derivados del terremoto del 10 de agosto, que además de dejar víctimas y graves daños materiales, ha obligado a las autoridades a tomar decisiones extraordinarias en diferentes sectores para proteger a la población y mantener la prestación de servicios esenciales.