A partir del 11 de abril de 2025, toda persona que se encuentre en Estados Unidos sin un estatus migratorio legal estará obligada a registrarse ante el gobierno federal. Así lo decidió el juez Trevor Neil McFadden, quien falló a favor de esta medida impulsada por la administración del expresidente Donald Trump. Migrantes sin papeles deberán registrarse o serán deportados en EE.UU.
La decisión obliga a los inmigrantes indocumentados mayores de 14 años a entregar sus huellas dactilares, dirección de residencia y firmar el Formulario G-325R. Tras completar este trámite, recibirán un «Comprobante de Registro de Extranjero», documento que deberán portar en todo momento.
Los padres o tutores legales serán responsables del registro de menores de 14 años, y los ciudadanos canadienses que permanezcan más de 30 días en el país también estarán sujetos a este requerimiento.
Multas millonarias y cárcel: las sanciones por incumplimiento
La medida establece sanciones severas para quienes no cumplan. Cualquier persona que evite el registro obligatorio podría enfrentar:
- Multas de hasta 5.000 dólares (más de 21 millones de pesos colombianos).
- Hasta 30 días de detención preventiva para verificación migratoria.
- Delito menor si se niegan a proporcionar datos biométricos, lo que podría conllevar hasta seis meses de cárcel.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) advirtió que los infractores también estarían expuestos a procesos judiciales y deportación inmediata.
Críticas, antecedentes y polémica legal; migrantes sin papeles deberán registrarse o serán deportados en EE.UU.
La administración Trump defiende esta medida como una aplicación de leyes ya existentes, como la Ley de Registro de Extranjeros de 1940 y la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952. Sin embargo, su implementación generalizada ha sido rara, y en el pasado solo se aplicó tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.
Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que esta normativa criminaliza la presencia indocumentada y podría generar persecución y discriminación masiva. Abogados aseguran que, aunque legalmente contemplada, esta política «nunca se implementó por sus implicaciones históricas y morales».
Pese a los intentos de bloquear la norma, el juez McFadden consideró que los demandantes no tenían legitimidad legal para impugnarla. En respuesta, la secretaria Kristi Noem declaró:
«El presidente Trump y yo tenemos un mensaje claro: si están aquí ilegalmente, váyanse ahora. Tal vez tengan una segunda oportunidad más adelante.»