La minería ilegal en Venezuela continúa siendo uno de los principales problemas ambientales, económicos y de seguridad que afectan al sur del país. En particular, los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro concentran extensas zonas donde la extracción de oro ha provocado deforestación, contaminación de ríos, expansión de campamentos mineros y presencia de organizaciones armadas.
En los últimos años, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha desarrollado diferentes operaciones destinadas a localizar y destruir campamentos, balsas, motores, pistas clandestinas y otros elementos empleados para la explotación ilegal de minerales.
Sin embargo, es importante hacer una precisión sobre la información que circula actualmente: no existe suficiente evidencia independiente para confirmar que una operación reciente de la Guardia Nacional haya destruido específicamente “más de una docena” de campamentos en la cuenca del río Orinoco, tal como se plantea en la versión inicial de esta noticia.
Lo que sí está documentado es una campaña militar sostenida contra la minería ilegal en el sur venezolano y varios operativos en los que las autoridades han informado sobre la destrucción de instalaciones dedicadas a esta actividad.
La FANB y las operaciones contra la minería ilegal
Las acciones contra la minería irregular no son nuevas en Venezuela. La FANB ha realizado durante años operaciones en los estados Bolívar y Amazonas, particularmente en áreas de difícil acceso donde la actividad minera se desarrolla mediante campamentos improvisados y maquinaria pesada.
Uno de los antecedentes más conocidos corresponde a las operaciones realizadas en el estado Amazonas. En junio de 2024, por ejemplo, militares venezolanos informaron sobre la destrucción de ocho balsas utilizadas para la minería ilegal y seis campamentos improvisados en una zona del parque nacional Duida-Marahuaka. Según las autoridades, las estructuras eran utilizadas para alojamiento y logística de los trabajadores mineros.
Las operaciones forman parte de los esfuerzos de la FANB para retirar infraestructura minera de zonas consideradas ambientalmente sensibles.
La propia Fuerza Armada ha presentado estas acciones como operaciones destinadas a proteger parques nacionales, reservas forestales y otros espacios naturales.
El sur del Orinoco, epicentro de la actividad minera
El problema adquiere una dimensión mucho mayor cuando se observa la extensión de la región afectada.
Al sur del río Orinoco se encuentra el denominado Arco Minero del Orinoco, una extensa zona establecida oficialmente en 2016 para promover la explotación de minerales como oro, diamantes, hierro y coltán.
La actividad minera, tanto legal como ilegal, ha generado fuertes controversias debido a sus efectos sobre la selva y las comunidades que habitan la región.
Un informe publicado en 2026 por Verifica Venezuela, basado en información de SOS Orinoco y otras fuentes, señala que el territorio situado al sur del Orinoco enfrenta una fuerte expansión de estructuras armadas relacionadas con la economía minera. El reporte identifica presencia de grupos armados organizados en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.
La dimensión territorial del problema dificulta enormemente el control de las actividades extractivas.
Campamentos que funcionan como centros de extracción y logística
Los campamentos mineros ilegales no son únicamente lugares donde trabajan los buscadores de oro.
En muchos casos funcionan como pequeños centros logísticos desde los cuales se organizan las actividades de extracción, transporte de combustible, suministro de alimentos y movilización de maquinaria.
También pueden incluir dormitorios, talleres, depósitos y áreas destinadas al procesamiento del material extraído.
En operaciones anteriores, las autoridades venezolanas han informado sobre la destrucción de este tipo de infraestructura y de equipos utilizados para extraer minerales.
En 2022, por ejemplo, una operación militar en el Parque Nacional Yapacana permitió localizar y destruir infraestructura relacionada con la minería ilegal. Posteriormente, las autoridades venezolanas informaron sobre el desalojo de miles de personas que se encontraban dedicadas a actividades mineras en el área protegida.
El problema va más allá del oro
Aunque el oro representa uno de los principales incentivos económicos, la minería ilegal genera una cadena de impactos mucho más amplia.
La primera consecuencia visible es la deforestación. Para abrir un frente minero es necesario retirar árboles y vegetación, construir caminos y establecer espacios para viviendas, maquinaria y almacenamiento.
La excavación modifica además el terreno y puede producir enormes cráteres y depósitos de sedimentos.
De acuerdo con información recopilada por Verifica Venezuela, la actividad minera ha contribuido a la pérdida de cobertura vegetal en la Amazonía venezolana y a la alteración de ecosistemas ubicados alrededor de los principales centros de explotación.
El impacto también alcanza los ríos.
Mercurio y contaminación de los ríos
Uno de los mayores riesgos asociados a la extracción artesanal de oro es el uso de mercurio.
El metal puede emplearse para separar el oro de otros materiales. Cuando el proceso se realiza sin controles ambientales, parte del mercurio termina incorporándose al suelo y a los sistemas acuáticos.
La contaminación puede avanzar desde pequeñas quebradas hacia ríos de mayor tamaño y afectar a peces y otros organismos.
El problema es especialmente delicado en comunidades indígenas que dependen de los ríos para obtener alimentos y desarrollar actividades tradicionales.
Verifica Venezuela señala que estudios realizados en comunidades indígenas del sur del país han encontrado niveles preocupantes de exposición al mercurio. El informe también destaca que la contaminación puede incorporarse a la cadena alimentaria a través del consumo de pescado.
La minería también está relacionada con la deforestación
La destrucción de la cobertura vegetal constituye otra de las consecuencias más importantes.
La minería a cielo abierto requiere remover grandes cantidades de tierra. Una vez que se elimina la vegetación, la recuperación natural del ecosistema puede tardar décadas o incluso siglos.
Además, las nuevas carreteras y caminos abiertos para transportar maquinaria y suministros facilitan la llegada de nuevos grupos y trabajadores.
Esto puede generar un círculo difícil de romper: la apertura de un frente minero facilita la llegada de infraestructura, y esa infraestructura facilita posteriormente la expansión de nuevas actividades extractivas.
La presencia de grupos armados complica el control
Uno de los aspectos más complejos de la situación es la relación entre minería y estructuras armadas.
Un informe de SOS Orinoco citado por Verifica Venezuela en agosto de 2026 documentó la presencia de al menos 26 grupos armados organizados en distintos puntos situados al sur del río Orinoco. Según el reporte, estas estructuras participan en actividades relacionadas con el control territorial y la economía minera.
La organización sostiene que algunos grupos cobran pagos sobre la producción minera, controlan la mano de obra y ejercen autoridad en determinados campamentos.
La existencia de estas estructuras convierte la lucha contra la minería ilegal en un problema que va mucho más allá de la protección ambiental.
También involucra seguridad, derechos humanos, control territorial y economía clandestina.
Un negocio que depende de una extensa cadena logística
La extracción del oro representa solamente el primer eslabón.
Para que una operación minera pueda mantenerse en una zona remota se necesita combustible, alimentos, herramientas, motores, bombas, repuestos y transporte.
Precisamente por ello, las autoridades venezolanas han desarrollado operaciones destinadas no solamente a destruir minas, sino también a interrumpir las rutas de abastecimiento.
En 2023, por ejemplo, la FANB interceptó una embarcación que navegaba por el río Orinoco con suministros destinados a zonas mineras del Parque Nacional Yapacana. El cargamento incluía alimentos y otros productos utilizados para abastecer a los campamentos.
Este tipo de operaciones demuestra que la minería ilegal depende de una infraestructura mucho más amplia que el propio lugar de extracción.
Un antecedente importante: Yapacana
El Parque Nacional Yapacana, en el estado Amazonas, se ha convertido en uno de los principales símbolos de la expansión de la minería ilegal en Venezuela.
Las autoridades venezolanas desarrollaron allí la denominada Operación Autana, destinada a expulsar a los mineros ilegales y desmantelar la infraestructura construida dentro del área protegida.
En 2023, las autoridades informaron que más de 10.000 mineros ilegales habían sido evacuados de zonas de seguridad y del parque.
La operación evidenció además una dificultad fundamental: expulsar a los trabajadores de una zona no necesariamente significa que la actividad minera desaparezca.
Cuando existen compradores, rutas de suministro, maquinaria y organizaciones capaces de controlar el territorio, los frentes mineros pueden reaparecer en otros puntos.
Operaciones militares no significan el fin de la minería ilegal
La experiencia venezolana muestra que destruir campamentos puede generar resultados inmediatos, pero no necesariamente resuelve las causas estructurales del problema.
La organización Crisis Group ha señalado que la minería ilegal en el sur venezolano está vinculada a dinámicas de violencia y control territorial. Los trabajadores mineros, además, pueden quedar sometidos a las estructuras que controlan los yacimientos.
Esto explica por qué la intervención de las fuerzas de seguridad constituye solamente una parte de la respuesta.
También se requieren mecanismos efectivos de control ambiental, seguimiento de las cadenas comerciales del oro y protección de las comunidades que viven en los territorios afectados.
El impacto sobre las comunidades indígenas
El sur de Venezuela no es un territorio vacío.
En la región viven comunidades indígenas con una relación histórica con los bosques y los ríos. Entre los pueblos presentes en la zona se encuentran comunidades pemón, yekuana, sanema, yanomami, warao y hoti, entre otras.
La expansión minera puede alterar sus actividades tradicionales y aumentar la presión sobre los territorios.
Los problemas pueden incluir contaminación del agua, pérdida de zonas de pesca, deforestación, desplazamientos y dependencia económica de los campamentos mineros.
Verifica Venezuela señala que algunas comunidades han pasado de actividades tradicionales como la pesca y la agricultura de subsistencia a depender parcialmente del trabajo relacionado con la minería.
Una crisis ambiental que continúa pese a los operativos
La destrucción de campamentos por parte de las fuerzas venezolanas constituye una de las herramientas utilizadas para combatir la minería ilegal, pero las dimensiones del problema muestran que la situación sigue siendo compleja.
Las operaciones militares pueden retirar maquinaria, destruir estructuras y expulsar a trabajadores de determinadas áreas.
Sin embargo, si las condiciones que hacen rentable la extracción clandestina permanecen intactas, la actividad puede desplazarse hacia nuevos territorios.
El propio análisis de la problemática minera en el sur venezolano apunta a la necesidad de combinar control territorial con vigilancia ambiental, trazabilidad del oro y fortalecimiento de las instituciones encargadas de proteger los ecosistemas.
¿Qué se sabe realmente sobre la supuesta destrucción de más de una docena de campamentos?
La cifra de 17 campamentos que aparece asociada a algunas publicaciones sobre Venezuela requiere especial cuidado.
La cifra sí está documentada, pero no corresponde a una operación reciente contra la minería ilegal en el Orinoco.
El 5 de febrero de 2025, la FANB informó que había desmantelado 17 campamentos de grupos irregulares durante la Operación Relámpago del Catatumbo, desarrollada en la frontera con Colombia. Esos campamentos estaban vinculados principalmente con dormitorios, procesamiento de drogas, logística y almacenamiento de precursores químicos.
Por tanto, no sería correcto utilizar ese dato para afirmar que 17 campamentos mineros fueron destruidos recientemente en la cuenca del Orinoco.
Existen, por otro lado, numerosos casos comprobados de destrucción de campamentos mineros en Amazonas y Bolívar, pero las cifras, lugares y fechas varían según cada operación.
Una lucha que combina ambiente y seguridad
La minería ilegal en Venezuela se ha convertido en un fenómeno en el que convergen varias crisis.
Por un lado, está el daño ambiental provocado por la deforestación, la erosión, la sedimentación y la contaminación.
Por otro, está la dimensión económica: el oro representa una fuente de ingresos considerable para quienes controlan las actividades de extracción, transporte y comercialización.
A esto se suma la presencia de grupos armados y las condiciones de vulnerabilidad de los trabajadores y comunidades que viven alrededor de los campamentos.
Por esa razón, el desafío para las autoridades venezolanas no consiste únicamente en destruir instalaciones clandestinas.
El reto consiste en impedir que estas estructuras vuelvan a instalarse, recuperar los ecosistemas afectados y garantizar que las comunidades indígenas puedan ejercer control efectivo sobre sus territorios.
Un problema que sigue abierto
Las operaciones de la FANB contra la minería ilegal muestran que el Estado venezolano continúa realizando acciones para recuperar territorios afectados por la extracción clandestina de oro.
No obstante, los informes ambientales y de derechos humanos publicados durante 2026 indican que el problema está lejos de haber sido solucionado.
La presencia de grupos armados, la demanda internacional de oro, la debilidad de los mecanismos de fiscalización y la enorme extensión de los territorios amazónicos hacen que la recuperación sea especialmente difícil.
En este contexto, cada campamento destruido puede representar un golpe a una estructura ilegal, pero la solución definitiva requiere mucho más que operaciones puntuales: exige control territorial permanente, instituciones ambientales funcionales, protección de las comunidades indígenas y mecanismos capaces de rastrear el origen del oro que llega a los mercados.
La situación del sur del Orinoco, por tanto, continúa siendo una de las principales crisis ambientales y de seguridad de Venezuela.