El presidente Gustavo Petro designó a Andrés Idárraga Franco como ministro de Justicia encargado, una decisión que se produce en una fase determinante para la agenda judicial del Gobierno. La posesión se da tras la declinación del exmagistrado César Tulio Valencia, quien rechazó la cartera por motivos de salud.
El relevo llega mientras el país discute las reformas en materia penitenciaria, la transformación del sistema judicial y la armonización de políticas con los órganos de control.
Idárraga es abogado de la Universidad Libre y magíster en Políticas Públicas de la Universidad Torcuato Di Tella. Su carrera ha estado marcada por la defensa de los derechos humanos, la transparencia gubernamental y el fortalecimiento de la institucionalidad.
Desde 2022 ejercía como Secretario de Transparencia de la Presidencia, posición desde la cual sumó más de mil denuncias anticorrupción, cuestionó prácticas contractuales irregulares y alertó sobre riesgos electorales. Este protagonismo público lo convirtió en una de las voces más visibles —y también más incómodas— en la lucha contra la corrupción.
Su trayectoria en el sector público incluye cargos en las secretarías de Gobierno, Hábitat y Salud durante la alcaldía de Petro en Bogotá, además de la dirección de la Oficina de Derechos Humanos, donde coordinó respuestas institucionales ante protestas sociales y escenarios de conflictividad. En el ámbito académico, ha trabajado temas relacionados con Estado, territorio y conflictividad social.
En su rol como encargado, Idárraga deberá garantizar la continuidad administrativa del Ministerio y mantener el ritmo de las prioridades del Gobierno en materia judicial.
Aunque su nombramiento es en calidad de encargado, el perfil de Idárraga —técnico, disciplinado y con reputación en lucha anticorrupción— podría influir en la orientación del Ministerio. Su protagonismo en denuncias sobre irregularidades electorales y contractuales sugiere que podría trasladar ese enfoque al sector justicia, justo en una etapa en la que el Gobierno busca credibilidad institucional y estabilidad jurídica.