En medio de vastas zonas afectadas por la violencia, entre ellas, el departamento de Nariño y una marcada desconfianza. Colombia se acerca a la realización de las elecciones legislativas y presidenciales, fijadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, para el 8 de marzo y 31 de mayo.
En lo concerniente a Nariño, las alertas de diferentes organismos, indican una alta presencia de grupos alzados en armas, tanto en la zona de la cordillera como en la costa Pacífica, esto a pesar que en esta zona sur del país, se ha intentado sacar adelante, procesos regionales de paz. Sin embargo, al parece una fractura en las disidencias de las Farc, que estaban involucradas en este proceso, afectó de manera grave este proyecto.
También conspira contra el normal desarrollo de los comicios en el departamento de Nariño, el hecho de que grupos armados ilegales, estén haciendo presencia en algunos municipios, donde han llegado al extremo de presidir la inauguración de obras.
De allí, las alertas emitidas por la MOE, cuya directora Alejandra Barrios, advirtió que en estos momentos se presentan numerosos riesgos, los cuales se constituyen en graves amenazas contra la legitimidad de los procesos electorales que se avecinan.
Comiendo prematuro
La directora de la MOE, manifestó al respecto, que la actual carrera electoral que se vive en el país. Se inició de manera prematura y en medio de una preocupante crisis de los partidos políticos. Actualmente, existen 31 colectividades con personería jurídica, pero muchas no logran consolidarse como opciones sólidas de poder.
A esto se suma un fenómeno que refleja la fragmentación política: ya hay cerca de 80 precandidaturas presidenciales en marcha, lo que evidencia el desgaste de las estructuras tradicionales y el creciente uso de firmas para lanzar aspiraciones.
Además, uno de los factores más críticos lo constituye la violencia contra líderes políticos y sociales, lo que tuvo su punto más negro, el pasado 7 de junio, con el atentado contra el senador y precandidato a la presidencia de la República, Miguel Uribe Turbay, quien perdió la vida a consecuencia de este hecho terrorista.
El Plan Democracia
Al respecto, Alejandra Barrios, expreso que es de carácter urgente, fortalecer el Plan Democracia, un proceso cuya finalidad, es la de brindar garantías de seguridad a los candidatos, así como reactivar de manera efectiva la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, donde se articulen las acciones de los partidos, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y las entidades de control.
“Si no se articulan la política de paz, la estrategia de seguridad y el proceso electoral, el 2026 puede convertirse en una elección de alto riesgo”, señaló la directora de la MOE.
Injerencia ilegal
Otro reto clave está en el rol de los grupos armados ilegales, que en muchas regiones buscan incidir en la definición de quién puede o no hacer campaña, lo cual empaña la posibilidad de unas elecciones transparentes, ante el accionar de actores armados y economías ilegales que presionan no solo a los candidatos, sino a los electores. En ese sentido, se trata de presiones especialmente a los aspirantes, a quienes se les quiere obligar que se inscriban por determinadas organizaciones, o los quieran obligar a que no se inscriban o también se ven expuestos a la humillación de tener que pedirle permiso a los grupos armados ilegales para poder hacer campaña lo que de acuerdo con las denuncias, ya se está viendo en algunos territorios.
Finalmente, Barrios insistió en que la confianza ciudadana en el sistema electoral no depende únicamente del escrutinio o de la Registraduría, sino de que haya garantías reales en todo el proceso. “La gente no solo necesita saber que su voto cuenta, sino también que puede escuchar propuestas, ver a los candidatos y elegir en libertad”, concluyó.
Con este panorama, la MOE hizo un llamado al Gobierno, a los partidos políticos y a la sociedad civil a anticiparse a los riesgos y garantizar que las elecciones del 2026 se desarrollen con seguridad, transparencia y verdadera participación democrática.