En una audiencia reciente, la Fiscalía General de la Nación reveló nuevos detalles sobre la participación del exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez, en el secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba, ocurrido hace 26 años.
De acuerdo con las pruebas presentadas, Narváez interceptó llamadas telefónicas entre Córdoba, miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Posteriormente, habría entregado las grabaciones al jefe paramilitar Carlos Castaño, quien ordenó el secuestro de la dirigente política.
Durante las audiencias, un testigo aseguró que Narváez escuchó personalmente los casetes con las grabaciones en el vehículo de Castaño, lo que fue determinante para concretar el plagio. Estas revelaciones fueron claves para que la justicia lo condenara a 28 años de prisión como determinador del secuestro.
En su intervención ante el tribunal, Narváez se declaró víctima de persecución judicial, argumentando que sus condenas previas obedecen a un intento por “fregar a quien le quitó el DAS a la mafia”.
Sin embargo, la trayectoria judicial del exfuncionario muestra un patrón de graves violaciones a los derechos humanos. Narváez ya había sido condenado a 30 años de cárcel por ser autor intelectual del asesinato del periodista Jaime Garzón y a 12 años adicionales por la tortura psicológica contra la periodista Claudia Julieta Duque.
El abogado de las víctimas, Eduardo Carreño, afirmó que los responsables materiales del secuestro “han reconocido su participación y el papel protagónico de Narváez”, fortaleciendo la tesis de una colaboración directa entre funcionarios del DAS y estructuras paramilitares durante finales de la década de los noventa.
Estas revelaciones reabren el debate sobre la infiltración del Estado por grupos armados ilegales y la responsabilidad de sus funcionarios en crímenes de lesa humanidad que marcaron una de las etapas más oscuras de la historia reciente del país.