El programa Señal Investigativa, una alianza entre Señal Colombia y Revista Raya, presentó una serie de investigaciones y denuncias relacionadas con la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.
La investigación expuso presuntas irregularidades en diferentes ámbitos, incluyendo estrategias digitales, campañas de desinformación, recopilación de datos personales, difusión de mensajes de odio, posibles esquemas de compra de votos y acusaciones históricas relacionadas con grupos paramilitares.
Estrategias digitales y presunta recolección irregular de datos
Uno de los principales hallazgos presentados fue la supuesta utilización de bases de datos de más de 1,4 millones de ciudadanos para enviar mensajes políticos dirigidos a teléfonos celulares.
Según la investigación, estos datos habrían sido recolectados de manera irregular y utilizados para promover contenidos favorables a la campaña. Entre las personas cuyos datos aparecerían en los registros se encontrarían incluso integrantes de la Fuerza Pública.
Los periodistas también señalaron que varios medios independientes han documentado la circulación de información falsa destinada a influir en la opinión pública mediante el miedo y la desinformación. Entre los ejemplos mencionados se encuentran:
- Difusión de supuestas historias clínicas falsas.
- Instalación de vallas publicitarias que muestran a adversarios políticos caracterizados como guerrilleros.
- Uso de bases de datos para campañas masivas de mensajería.
- Envío de información engañosa o manipulada a los votantes.
Presión para conseguir votantes
La investigación también reveló denuncias sobre la existencia de planillas que habrían sido entregadas a funcionarios de la Alcaldía de Barranquilla.
Según los testimonios recopilados por Revista Raya, algunos funcionarios habrían recibido instrucciones para recolectar información de potenciales votantes favorables a la candidatura de Abelardo de la Espriella. Además, a ciertas personas se les habría solicitado conseguir entre 20 y 100 votos para apoyar la campaña.
Difusión de mensajes de odio y miedo
En una segunda parte de la investigación se denunció la existencia de grupos de WhatsApp conformados por policías y militares retirados.
De acuerdo con el programa, estos grupos estarían difundiendo videos y mensajes diseñados para generar miedo y odio político con el propósito de promover la candidatura presidencial.
Asimismo, se denunciaron amenazas dirigidas contra estudiantes y profesores universitarios.
La investigación afirmó que al menos cinco universidades públicas y privadas recibieron correos electrónicos enviados desde una cuenta presuntamente vinculada al movimiento Salvación Nacional.
En dichos mensajes se advertía sobre una eventual «limpieza» dentro de las universidades contra quienes no compartieran las ideas del candidato, lo que generó preocupación por posibles actos de intimidación política.
Presunto esquema de compra de votos en la región Caribe
Otra de las investigaciones se centró en el Caribe colombiano, donde existen alertas por presuntas prácticas de compra masiva de votos y participación indebida de actores políticos regionales.
El programa informó sobre una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la Nación el 10 de junio por el abogado Miguel Ángel del Río.
La denuncia solicita investigar una supuesta estructura electoral que operaría en el departamento del Cesar para favorecer la candidatura de Abelardo de la Espriella.
Según los documentos conocidos por Revista Raya, la investigación menciona al llamado Clan Gnecco, una de las estructuras políticas más influyentes de la región.
La denuncia sostiene que esta estructura podría estar implementando una estrategia conocida como la «mochila», una práctica asociada históricamente con la compra de votos.
De acuerdo con la investigación, los llamados «mochileros» serían intermediarios encargados de conseguir entre 50 y 100 votos a cambio de una comisión económica por cada sufragio obtenido.
El programa explicó que este mecanismo ha sido estudiado en investigaciones académicas sobre clientelismo electoral en la región Caribe y que representa una amenaza para la transparencia electoral.
Entrevista con Miguel Ángel del Río
Durante la emisión, Miguel Ángel del Río explicó las razones que motivaron la denuncia presentada ante la Fiscalía.
El abogado sostuvo que existen indicios que ameritan una investigación sobre el origen de los recursos utilizados, las estructuras políticas involucradas y los posibles mecanismos de compra de votos.
También advirtió sobre las consecuencias que estas prácticas tendrían para la legitimidad y transparencia del proceso democrático.
Acusaciones relacionadas con paramilitares y magistrados en 2006
La parte final del programa abordó una acusación de carácter histórico.
Señal Investigativa informó sobre una carta enviada por el exjefe paramilitar Pablo Hernán Sierra, conocido como «Pipintá», a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
En esa comunicación, Sierra afirmó que Abelardo de la Espriella habría sido un presunto contacto dentro de un supuesto plan destinado a sobornar magistrados de la Corte Constitucional en el año 2006.
Según la versión del exparamilitar, el objetivo de ese supuesto plan habría sido favorecer jurídicamente a las Autodefensas Unidas de Colombia.
No obstante, la investigación aclaró que Sierra manifestó haber conocido esos hechos a través de información proporcionada por otros comandantes paramilitares y no por experiencia directa.
Conclusión
La investigación periodística reúne diversas denuncias sobre la campaña de Abelardo de la Espriella relacionadas con presuntas campañas de desinformación, uso irregular de datos personales, promoción de discursos de odio, amenazas contra sectores universitarios, posibles esquemas de compra de votos en la región Caribe y acusaciones históricas vinculadas a estructuras paramilitares.
Es importante señalar que los hechos expuestos corresponden a denuncias e investigaciones periodísticas que, según el texto, han sido puestas en conocimiento de las autoridades competentes y deberán ser verificadas mediante las investigaciones judiciales correspondientes.