El Gobierno de Abelardo De La Espriella presentó ante la Cámara de Representantes el nuevo proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, por un monto de $634,9 billones, cifra que representa un incremento de $59,9 billones frente a la propuesta de $575 billones presentada por la anterior administración.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, aseguró que el aumento responde en buena medida a la necesidad de incorporar recursos que, según el Gobierno, no habían quedado debidamente contemplados en el presupuesto anterior. De los casi $60 billones adicionales, alrededor de $31 billones corresponderían a ajustes y obligaciones pendientes.
Entre los rubros señalados por el Ejecutivo están $8 billones adicionales para pensiones, $5,8 billones para subsidios de energía eléctrica, $4 billones para salud y $3,6 billones correspondientes a contribuciones fiscales de la nómina pública. También se incluyeron recursos para las elecciones regionales y $9,6 billones relacionados con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
El presupuesto plantea que el gasto de funcionamiento pase de $365,8 billones en 2026 a $392,5 billones en 2027, mientras que las transferencias alcanzarían los $297,5 billones. El gasto de personal se proyecta en $72,2 billones y la adquisición de bienes y servicios en $17,8 billones.
Uno de los mayores incrementos está relacionado con el servicio de la deuda pública, que pasaría de $100,4 billones este año a $155,4 billones en 2027. Dentro de este monto, el Gobierno calcula que los intereses ascenderán a $94,4 billones, frente a los $68,7 billones registrados en 2026.
En contraste, el presupuesto destinado a inversión tendría una reducción. Después de contar con $89,4 billones en 2026, para el próximo año se proyectan $86,9 billones.
Gómez defendió la nueva propuesta y afirmó que busca corregir inconsistencias de la iniciativa presentada por la administración de Gustavo Petro. El funcionario sostuvo que el anterior proyecto dejó sin financiación suficiente diferentes obligaciones relacionadas con salud, pensiones, universidades, subsidios de energía y gas y procesos electorales.
El jefe de la cartera de Hacienda también anunció que el Gobierno presentará próximamente una reforma tributaria, denominada por él como la “ley rescate”, con la que pretende contener el crecimiento del gasto público y enfrentar el aumento de la deuda.
Desde otra perspectiva, el exdirector de la DIAN Lisandro Junco señaló que el nuevo presupuesto responde a varias presiones fiscales y no únicamente a los gastos derivados del terremoto registrado el pasado 10 de agosto. Según su análisis, el incremento del costo de la deuda, las necesidades de reconstrucción y otros factores económicos también tendrán incidencia en las cuentas de 2027.
El economista Diego Montañez Herrera llamó la atención sobre el peso de los intereses de la deuda. De acuerdo con sus cálculos, los $94,4 billones proyectados por este concepto superarían el presupuesto destinado a inversión y representarían una parte considerable de los ingresos tributarios esperados.
Por su parte, el representante Simón Molina respaldó la propuesta del nuevo Gobierno y cuestionó el proyecto que había dejado la administración anterior, al considerar que presentaba ingresos y fuentes de financiación que, a su juicio, no permitían cubrir adecuadamente las obligaciones del Estado.
La iniciativa deberá ahora avanzar en el Congreso de la República, donde se discutirá la distribución de los recursos, las fuentes de financiación y las modificaciones que puedan surgir durante el trámite legislativo.