En medio del escándalo por los presuntos abusos sexuales ocurridos en el jardín infantil «Hogar Infantil Canadá» –sede F– ubicado en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá, surge una nueva arista que ha encendido el debate público sobre ética institucional y protección de derechos.
El caso se conoció en mayo de 2025, cuando varias familias alertaron a las autoridades sobre el comportamiento inusual de sus hijos. Tras evaluaciones psicológicas y dictámenes del Instituto de Medicina Legal, se determinó que al menos tres niños de tres años habrían sido víctimas de abuso por parte del docente Freddy Arley Castellanos Velasco, quien fue capturado y enfrenta cargos por acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años.
A partir de ese momento, Margie Espinel, madre y vocera de las familias afectadas, se convirtió en figura central en la defensa y visibilización del caso. Sin embargo, denunció haber recibido ofrecimientos personales por parte de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, que Espinel interpretó como un intento directo de amedrentarla o silenciar su voz.
Según el relato de Espinel recogido por la revista Semana, Cáceres le sugirió tomarse un «respiro», ofreciendo un viaje para “conocer el mar”, ayuda económica mediante consignaciones en una cuenta bancaria, e incluso una oportunidad laboral en el propio ICBF. Estas palabras se habrían pronunciado durante una reunión el 8 de mayo en la sede institucional, con la pareja sentimental de Espinel presente, quien también confirmó las ofertas.
Ante la denuncia pública, Cáceres respondió por redes sociales: negó categóricamente que hubiera habido oferta ilegal alguna, y aseguró que se trató exclusivamente de atención psicosocial y gestión social que ella misma gestionaba, sin intención de interferir en el derecho de las familias a demandar.
La divergencia entre los testimonios ha generado inquietud en diversos sectores: para algunos, los ofrecimientos cruzan la línea ética, al provenir de una funcionaria de alto nivel en medio de un proceso judicial. Para otros, se trataría de un gesto malinterpretado en un contexto de crisis extrema. En todo caso, la Procuraduría General de la Nación ya abrió indagación previa sobre los hechos.
Hoy, mientras el proceso judicial contra Castellanos continúa (con el presunto agresor privado de la libertad y su defensa intentando nulidad), el foco también está sobre el ICBF y la directora, cuya intervención ha quedado al centro de un debate sobre límites institucionales, transparencia y el deber del Estado de proteger a las víctimas sin generar conflictos de interés.