Nuevo capítulo en el caso de corrupción de la UNGRD. Para el 31 de agosto quedó la audiencia de medidad de aseguramiento para Olmedo López, exdirector de la entidad; Sneyder Pinilla, exsubdirector y Luis Eduardo López Rose, contratista conocido como ‘El Pastuso’.
La Fiscalía en la audiencia del 7 de agosto pidió que Olmedo López, Sneyder Pinilla y El Pastuso por caso de la Ungrd, sean privados de la libertad en Guarnición militar adicional reveló que se habían extraviado 36 cajas que contienen pruebas clave en este caso de corrupción.
La petición, formulada por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, afecta al exdirector de la UNGRD; al exsubdirector de Manejo de Desastres y el contratista oriundo de Nariño.
«La solicitud no se basa en simples sospechas carentes de respaldo. Por el contrario, existen suficientes elementos de juicio que, sometidos al criterio de la razonabilidad, sirven al propósito de fundamentar la medida de aseguramiento solicitada»
- Olmedo López, director de la Ungrd
- Sneyder Pinilla, subdirector de manejo de desastres
- Pedro Rodríguez Melo, asesor jurídico de la dirección
- Luis Carlos Barreto y César Manrique Soacha, director de Función Pública
- Luis Eduardo López Rosero, empresario y contratista
UNGRD: Así se creó la banda delincuncial
Durante la audiencia, el grupo de fiscales a cargo de la investigación presentó los elementos probatorios que respaldan la medida de aseguramiento, de acuerdo al rol y grado de participación en el entramado delincuencial.
Los implicados en este caos de corrupción son acusados por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
«Dichos ciudadanos conocían que estaban conectándose, a través de una clara división de roles y funciones para cometer delitos contra la administración pública»
Ademá la fiscal del caso manifestó «Los imputados tenían pleno conocimiento del comportamiento exigible a aquellos quienes manejan recursos públicos, contratación pública y a quienes el Estado les ha confiado la ejecución de obras, de suministros, de servicios, mucho más aquellos dirigidos a la protección de la población en condiciones de vulnerabilidad».
La bancada de la Fiscalía dejó claro que pese a que se pueda aplicar un principio de oportunidad o preacuerdo, es necesario que se dicte una medida privativa de la libertad.
“(…) Ante el supuesto de no concederse el principio de oportunidad, o de no lograrse un preacuerdo, los procesados al verse compelidos a afrontar plenamente su responsabilidad en los delitos imputados y las elevadas penas que para los mismos se consagran, podrían intentar destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar la evidencia física o los elementos materiales probatorios”.
La investigación desarrollada en una primera fase advierte cómo se creó una banda delincuencial que, se habría apoderado de los contratos de la UNGRD para ser direccionados a contratistas específicos que adquirían el compromiso de entregar a cambio millonarias coimas.
Los judicializados López Martínez y Pinilla Álvarez, al parecer, direccionaron 21 órdenes de contratación por valor de 228.884 millones de pesos.
La contratación, presuntamente amañada, se ejecutó en tres grandes eventos. El primero consta del acuerdo entre los exfuncionarios y el contratista López Rosero para recibir 6 contratos.
Uno de ellos firmado el 12 de octubre de 2023 para la compra de 40 carrotanques por valor de 46.800 millones de pesos, vehículos en los que se llevaría agua potable a las comunidades indígenas vulnerables en la Alta Guajira. Según la investigación, en este contrato se presentó una defraudación de 14.163 millones de pesos.
En un segundo evento se habrían entregado contratos a unos amigos de Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, por 24.238 millones de pesos, suscritos entre el 5 y el 23 de febrero de 2024.
En un tercer evento se trasladaron 100 mil millones de pesos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a la UNGRD para ejecutar siete contratos.
La Fiscalía sigue con la investigación para desarticular la «organización criminal» que se habría apoderado de la contratación en la UNGRD.
El Juzgado 35 con Función de Control Garantías de Bogotá adoptará la decisión que corresponda ante la solicitud de medida de aseguramiento formulada contra los imputados López Martínez, Pinilla Álvarez y López Rosero.
La Fiscalía solicitó ser recluidos en diferentes cuarniciones militares y así cortar el entramado de corrupción que existe entre los exdirectores de UNGRD y el contratista López Rosero.
«Todo esto por el caso de corrupción de La Guajira,y por que son un peligro para la sociedad deben ser privados de la libertad»
Mientras los abogados de los procesados pidieron desde el inicio la medida de aseguramiento intramural se cumpla en centros de reclusión militar para que se proteja la vida de sus defendidos y ya que sus denuncias son clave para terminar de desmantelar este entremado de corrupción.
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Datos clave del caso de UNGRD:
- La Fiscalía aseguró que en Bogotá, desde por lo menos mayo de 2023 a marzo de 2024, se gestó la organización criminar para “cometer delitos contra la administración pública, interesándose indebidamente en las modalidades de contrataciones privadas de la Ungrd”.
- La fiscal reveló otros nombres y de los cuáles no se había hablado antes pero que han sido clave como Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y César Manrique, director de la Función Pública del gobierno de Gustavo Petro.
- Según la delegada del ente acusador, Olmedo López, en calidad de director de la Ungrd, coordinó con Sneyder Pinilla la entrega de $3 mil millones en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, a través de Sandra Ortiz consejera para las regiones.
- Se entregaron mil millones de pesos en efectivo al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle, en Montería, Córdoba.
- La suma se obtuvo, según la Fiscalía, por un préstamo que Pinilla pidió a una persona de su confianza.
- Este dinero fue entregado “conforme con las instrucciones entregadas por Carlos Ramón González y quien era el director del Dapre.
- Se acordaron con Pinilla dirigir los contratos y órdenes de proveeduría de alquiler de carrotanques, incluyendo sus interventorías, a los amigos a cambio de que pagaran coimas.
- López gestionó con Barreto y “su jefe político, César Manrique Soacha, el traslado de 100 mil millones de pesos que la Ungrd tenía en convenio con la Agencia Nacional de Tierras.
- En contraprestación, López permitiría que direccionaran la contratación a empresarios cercanos para que suministraran plantas desalinizadoras, plantas de almacenamiento, molinos, jagüeyes, carrotanques, pozos subterráneos, a cambio de coimas”.
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