La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió este viernes a Estados Unidos detener inmediatamente los ataques armados que su ejército ha llevado a cabo en el Caribe y en el Pacífico oriental, los cuales han dejado al menos 62 muertos en las últimas semanas. Según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, estas acciones constituyen posibles “ejecuciones extrajudiciales” y violan el derecho internacional humanitario.
Los ataques, presentados por Washington como parte de una operación contra supuestas “narcolanchas” que transportaban drogas hacia el norte, han generado una ola de indignación internacional y denuncias de gobiernos y organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, familiares de las víctimas aseguran que muchas de las personas asesinadas eran pescadores civiles que no tenían ninguna relación con el narcotráfico.
En su comunicado oficial, Turk calificó de “inaceptable” el creciente costo humano de estas operaciones y exigió al gobierno estadounidense que ponga fin a ellas, además de ordenar investigaciones “rápidas, independientes y transparentes” para esclarecer los hechos. Según explicó, los ataques no pueden justificarse ni siquiera bajo la hipótesis de que las embarcaciones estuvieran involucradas en actividades ilegales, pues ninguna de las víctimas representaba una amenaza inminente para otras personas, de acuerdo con la información disponible.
El Alto Comisionado subrayó que las muertes ocurrieron “en circunstancias que no tienen justificación dentro de la legislación internacional”, y pidió a Washington que respete los estándares internacionales de uso de la fuerza y de debido proceso. Estas declaraciones se producen en un contexto de fuerte tensión entre Estados Unidos y Venezuela, ya que el despliegue aeronaval en la región ha sido interpretado como parte de una estrategia más amplia de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, bajo el pretexto de la “guerra contra las drogas”.
El presidente colombiano Gustavo Petro ya había denunciado previamente estos hechos, calificándolos también como ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas estadounidenses tanto en el Caribe como en el Pacífico. El gobierno colombiano anunció su intención de llevar el tema ante las Naciones Unidas para buscar una resolución que limite los bombardeos y el uso de fuerza letal en aguas internacionales y cercanas a su territorio.
Uno de los casos más recientes y conmocionantes es el de Alejandro Carranza, un pescador colombiano de 40 años desaparecido tras un bombardeo estadounidense en el mar Caribe, cerca de las costas de Santa Marta. Según la investigación de RTVC Noticias, la lancha en la que se encontraba era de pesca artesanal y mostraba claros signos de fallas mecánicas al momento del ataque: uno de los motores estaba levantado y el otro sumergido, indicio de que la embarcación estaba a la deriva. Familiares y testigos aseguran que el grupo no tenía relación con el narcotráfico y que el ataque fue injustificado.
“Él estaba revisando los motores varados y los bombardearon de esa manera. Es injusto”, declaró Audenis Manjarrés, familiar de Carranza, mientras recordaba que el pescador había zarpado como de costumbre en la madrugada del domingo.
El caso de Carranza, junto con la aparición de cadáveres sin identificar en las playas de Trinidad tras otros bombardeos estadounidenses, ha alimentado la indignación en la región y reforzado las denuncias sobre violaciones de derechos humanos.
En conclusión, la ONU ha dado un paso contundente al calificar los ataques de Estados Unidos como violaciones graves del derecho internacional, sumándose a las voces de gobiernos como el de Colombia y a las de organizaciones humanitarias que reclaman el cese inmediato de las operaciones militares. Las exigencias de transparencia y rendición de cuentas buscan frenar una escalada que, de continuar, podría tener serias repercusiones diplomáticas y humanitarias en todo el Caribe y América Latina.