La Fiscalía de Perú abrió investigaciones urgentes por posibles violaciones a los derechos humanos tras la muerte de un manifestante de 32 años durante la multitudinaria protesta realizada en Lima el miércoles 15 de octubre de 2025. El Ministerio Público confirmó que la víctima, identificada como E.R., recibió un disparo de arma de fuego en inmediaciones de la Plaza Francia, en el Cercado de Lima, cuando la manifestación estaba por concluir. La Defensoría del Pueblo corroboró la muerte y reportó un saldo de más de cien heridos —78 policías y 24 manifestantes— además de diez detenidos.
El hecho ha generado gran conmoción, ya que testigos sostienen que el disparo provino de un agente policial encubierto infiltrado entre los manifestantes. Según estas versiones, el presunto agente habría sido descubierto por un grupo de participantes y, al intentar huir, abrió fuego contra quienes lo perseguían. Esta hipótesis ha levantado serias sospechas sobre el uso de personal encubierto en el control de las protestas y sobre la responsabilidad del Estado en la muerte del ciudadano.
En respuesta a la gravedad del caso, el presidente interino de Perú, José Jerí, expresó condolencias a la familia del fallecido y pidió que las investigaciones avancen con objetividad para determinar responsabilidades. Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, negó la presencia de policías encubiertos en la zona de los hechos, aunque aseguró que se ordenaron investigaciones inmediatas y exhaustivas para esclarecer lo sucedido.
La protesta del 15 de octubre fue la más masiva desde 2022, cuando Dina Boluarte asumió la presidencia tras la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo. Miles de ciudadanos se movilizaron en Lima y otras ciudades para exigir la salida del Gobierno y el Congreso, en medio de un contexto marcado por la corrupción, la inseguridad y el descontento social. El episodio revive el recuerdo de las movilizaciones de finales de 2022 e inicios de 2023, en las que murieron al menos 49 personas en choques con las fuerzas del orden.
El caso de E.R. podría convertirse en un nuevo punto de inflexión en la crisis política y social del país, pues coloca nuevamente en el centro del debate las denuncias sobre abusos policiales y violaciones a los derechos humanos en el manejo de las protestas sociales en Perú.