El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró el 8 de octubre que “indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana y tenía ciudadanos colombianos en su interior”, en referencia a un ataque marítimo estadounidense en el Caribe frente a Venezuela.
Petro planteó que estos ataques podrían interpretarse como una agresión no solo contra el narcotráfico, sino contra los países latinoamericanos que no han sido informados.
Además, pidió que las familias de las personas afectadas se denuncien públicamente para verificar su versión.
Reacción de EE. UU. y otros actores
La Casa Blanca rechazó la afirmación como “infundada y reprochable” y pidió que el presidente colombiano se retracte públicamente para restaurar un diálogo productivo entre ambos países.
Washington insiste en que los ataques eran operaciones legítimas contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico, y que hasta el momento no se ha confirmado la nacionalidad de las personas abatidas.
En Colombia, algunos sectores políticos cuestionan la evidencia y piden que el gobierno presente pruebas concretas — no solo declaraciones en redes sociales — que respalden la acusación de Petro.
Puntos de incertidumbre
Petro no presentó pruebas verificables públicamente que demuestren la nacionalidad colombiana de las víctimas o de la embarcación bombardeada.
El Pentágono aún no ha confirmado la existencia de ese ataque específico sobre una lancha con colombianos ni ha dado detalles de identificación.
Si bien Estados Unidos ha reconocido realizar ataques marítimos frente a Venezuela en el marco de operaciones antinarcóticos, la conexión con Colombia no estaba documentada hasta el momento.
