Bogotá, 9 de julio de 2025. A través de un breve pero contundente mensaje en su cuenta de la red social X (antes Twitter), el presidente Gustavo Petro expresó su desconfianza frente a la transparencia de las elecciones presidenciales de 2026, generando una inmediata ola de reacciones políticas y ciudadanas.
“Desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026”, publicó el mandatario la noche del martes, en medio de un contexto de tensión institucional y cuestionamientos en torno a la contratación estatal relacionada con los procesos electorales.
La declaración se suma a una serie de críticas previas hechas por el jefe de Estado sobre el proceso licitatorio para adjudicar el contrato de logística electoral, valorado en 2,1 billones de pesos, que incluye la organización de las elecciones de Consejos de Juventud, Congreso y Presidencia.
Cuestionamientos por el contrato electoral
El presidente ha señalado posibles irregularidades en la licitación que favoreció a la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, en la que participa la empresa Thomas Greg & Sons, la misma que ha sido objeto de controversias en otros procesos de contratación pública.
Según Petro, de las 13 empresas inicialmente interesadas en el proceso, nueve presentaron observaciones que no fueron tenidas en cuenta, lo que habría limitado la competencia y facilitado que el contrato se adjudicara sin una verdadera puja.
Además, denunció que la Procuraduría General de la Nación habría interferido en una investigación por supuestas fallas en la libre competencia dentro de este proceso. Dicha declaración se dio luego de una visita preventiva del ente de control a la Cancillería, para verificar las medidas adoptadas ante la crisis por la expedición de pasaportes.
Retrasos en el nuevo modelo de pasaportes
Justamente, el conflicto en la Cancillería también alimenta las preocupaciones del Ejecutivo. El martes se confirmó que el nuevo modelo de expedición de pasaportes, que estaría a cargo de la Casa de la Moneda de Portugal, no podrá comenzar en septiembre como se había previsto.
Según la respuesta oficial de la Cancillería a un derecho de petición de la senadora Angélica Lozano, el convenio con la entidad portuguesa contempla un cronograma que podría extenderse hasta 35 semanas después de la firma del contrato, aplazando el inicio de operaciones y generando incertidumbre sobre la continuidad del servicio.
Este panorama de dudas sobre procesos contractuales clave y la declaración del presidente sobre las elecciones de 2026 plantean un nuevo escenario de tensión política, en el que la transparencia institucional vuelve al centro del debate nacional.