El 10 de noviembre de 2025 hubo un bombardeo militar en el Guaviare por parte del Estado colombiano, dirigido contra disidencias de las FARC, en particular el grupo del alias Iván Mordisco.
Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, fueron 20 personas muertas en la operación, y de esas, 7 eran menores de edad.
La Defensoría del Pueblo también había señalado inicialmente la muerte de 6 menores, y la ONU se pronunció lamentando el hecho.
El presidente Petro asumió la responsabilidad política por la operación y dijo que la decisión fue tomada para proteger a 20 soldados que estaban bajo riesgo de emboscada.
Petro también explicó que sabía que podía haber niños combatientes (“menores reclutados”), y que existen riesgos, pero que debía priorizar la seguridad de sus tropas.
Hubo críticas muy fuertes: la ONU pidió que se tomen todas las precauciones en este tipo de operaciones, especialmente por la vulnerabilidad de los menores
La Procuraduría General de la Nación (PGN) anunció que investigará los bombardeos para determinar posibles responsabilidades por la muerte de los niños.
Además, familiares de las víctimas criticaron al gobierno: por ejemplo, la hermana de uno de los menores dijo que “Petro nunca debió hacer eso” ya que conocía los riesgos.
