El debate político nacional gira en torno a las recientes versiones sobre la búsqueda y supuesta intención de compra de una propiedad campestre por parte del expresidente Gustavo Petro en un exclusivo sector del municipio de La Calera, Cundinamarca.
La controversia se originó tras informes difundidos en medios de comunicación que señalaban que el exmandatario habría visitado propiedades de alta gama avaluadas en más de 2.500 millones de pesos, utilizando supuestamente mecanismos alternos y su nacionalidad italiana para concretar tratos inmobiliarios. Asimismo, sectores críticos y analistas sugirieron que dichas transacciones habrían enfrentado trabas debido a las restricciones derivadas de su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de los Estados Unidos.
Ante las especulaciones, el ex jefe de Estado reaccionó de manera enérgica y calificó los señalamientos como falsedades orientadas a estigmatizar su vida privada. Petro aclaró públicamente que las informaciones sobre millonarias compras frustradas carecen de veracidad y defendió su derecho legítimo a adquirir un lugar de residencia financiado con los recursos obtenidos de su pensión, la venta de libros, conferencias y actividades editoriales.
Del mismo modo, el exmandatario rechazó que las sanciones internacionales impuestas por la Ofac constituyan un impedimento legal para que ciudadanos o instituciones nacionales realicen transacciones comerciales o de arrendamiento con él en el territorio nacional. Paralelamente, confirmó que actualmente se encuentra adelantando la construcción de una vivienda propia para su habitar tras su salida de la Casa de Nariño, poniendo fin a los rumores sobre el supuesto negocio fallido en la sabana de Bogotá.
