La Veeduría Ciudadana y Anticorrupción, junto con la Defensoría de los Derechos Humanos, presentó una demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa contra el Acuerdo Municipal 621 del 2 de abril de 2025 y el Decreto 019 del 22 de abril del mismo año, expedidos por la Alcaldía de Acacías (Meta). Ambos actos están relacionados con el proceso de legalización de asentamientos informales en el municipio.
Legalización
El Acuerdo 621 otorgó al alcalde facultades especiales para adelantar la legalización de asentamientos consolidados, mientras que el Decreto 019 reglamentó los procedimientos para llevar a cabo dicho proceso. Según los demandantes, estas normas podrían haber excedido las competencias del Concejo Municipal y vulnerado disposiciones superiores en materia de ordenamiento territorial.
La demanda, radicada bajo el número 50001-33-33-002-2025-0026-8-00 ante el Juzgado Administrativo Oral 002 de Villavicencio, solicita la revisión de legalidad de ambos actos por considerar que modifican el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) —Acuerdo 021 del año 2000— sin cumplir los requisitos establecidos por la Ley 388 de 1997, como la concertación ambiental, la participación ciudadana y la realización de cabildo abierto.
Advertencia
La Veeduría advierte además que estas disposiciones podrían facilitar la legalización de predios en suelos rurales y generar cambios irregulares en el uso del suelo, con posibles impactos ambientales y urbanísticos negativos. El proceso judicial busca que se determine la validez o nulidad de los actos y se evalúe la suspensión provisional mientras se resuelve el fondo del caso.