La Policía Nacional tuvo la oportunidad de fortalecer su flota aérea con la compra de seis aviones, sin embargo, el General Hoover Penilla, tomó la decisión de reversar la operación.
El pasado primero de enero del 2022, llegó al despacho del entonces segundo al mando de la Policía Nacional, un oficio en el cual se le otorgaba a la entidad un monto de $210.000 millones, cuya destinación financiera tenía el plan de comprar aviones bajo las referencias Embraer Legacy ERJ 140-145, ATR42 y Cessna 208. Previamente, en octubre del 2021, el departamento administrativo había pasado un plan de adquisiciones con una serie de referencias que justificaban sus adquisiciones. Pese a que se le otorgó a la entidad el monto requerido para el robustecimiento, el oficial Penilla decantó su decisión por un Jet de referencia Legacy 600, aeronave lujosa que celebridades como Oprah Winfrey, Jackie Chan y Warren Buffet han adquirido.
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Las referencias que atraparon la atención del policía
Con motores tipo Rolls Royce, tapicería de cuero de cabritilla, acabados en palo de rosa y sillones reclinables para transportar 13 pasajeros VIP, fueron algunas de las características que incidieron en el oficial para poner como prioridad dicha adquisición, situación que actualmente la Contraloría cuestiona, ya que el precio fue de 12,1 dólares, equivalente a 58.103 millones de pesos, cuyos costos adicionales ascendían a más del 40% del total del presupuesto para la flota de patrullaje y transporte.
Cuestionamientos hasta en las nubes
Otro oficial que también fue requerido por la Contraloría, fue el general (r) Jorge Luis Vargas, director de la institución (hasta el cambio presidencial en agosto del 2022); a su vez, otros generales como el general Ricardo Alarcón, director de Antinarcóticos; el general Luis Ernesto García, jefe de la Oficina de Planeación de la institución, además de dos coroneles y varios civiles que participaron en la transacción.
De acuerdo al informe de auditoría, se señala: “La compra del avión ejecutivo tipo jet marca Embraer Legacy 600, con capacidad para trece pasajeros, representa un detrimento del patrimonio público en cuantía de $12.1 millones de dólares”. Dicho informe abrió un incidente de responsabilidad fiscal contra la anterior cúpula de la Policía Nacional.
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Turbulencia de responsabilidades hacía La Policía Nacional
El primer paso que tomó por sorpresa a la Contraloría fue el soporte de costos, ya que, al solicitarlo, tan solo se le fue otorgado una factura por 28millones de pesos. Lo demás poseía el concepto de “intangible”. Como precedente, la investigación inició como anónimo que llegó a manos del delegado de Defensa de la Contraloría, Luis Eduardo Parra. El escrito solicitaba investigar un convenio marco suscrito el 13 de enero de 2022 entre la Policía Nacional y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A). El convenio interadministrativo tenía por objeto “aunar esfuerzos para la adquisición y entrega de seis aeronaves”, por un valor de 200.000 millones de pesos.
No en vano, las comisiones de venta de dicha adquisición, también viene cargada de múltiples inconsistencias, alguna de estas, corresponde a que la CIAC recibió 7.140 millones; así mismo, al revisar los proponentes de venta de la aeronave, se encontró una unión comercial, que juntaba a tres proponentes, entre los cuales, tan solo la firma Río Sur SAS, contaba con la experiencia dentro del campo aeronáutico, ya que los otros dos correspondían a Construcción Empresa y Proyecciones para el Desarrollo (Constructora) y Ingeambicol (Compañía de venta de maquinaria, insumos agrícolas y proveedora de servicios de catering), cuyos porcentajes de ganancia de venta, fue del 5%.