El país ha vivido y aún vive un estado de cosas inconstitucional en las cárceles y centros de reclusión, que día a día materializa violaciones a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y hay que analizar la política criminal.
Lo anterior conlleva graves problemas de salud y sanidad al interior de las cárceles, además que genera oportunidades para que se cometan distintos tipos de atropellos y actividades delictivas.
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Recordó que, de acuerdo con los tableros estadísticos del Inpec, al 16 de septiembre de 2024 el hacinamiento en los establecimientos de reclusión del orden nacional era del 26,4 %.
Explicó que “dicho de otro modo, hay capacidad para 81.964 personas y se tiene una sobrepoblación de 21.661 reclusos, para un total de 103.625 personas privadas de la libertad”, explicó.
Preocupación por tema carcelario
Sin embargo, el meollo del asunto no está en el hacinamiento carcelario, según Escobar, ya que este es apenas un síntoma de un problema mayor, puesto que en diferentes oportunidades distintos gobiernos han apuntado a la construcción de cárceles para aumentar los cupos.
Agregó el experto que “la historia se repite una y otra vez. Aumentan los cupos y por un momento parece reducirse el hacinamiento, pero vuelven a llenarse las cárceles en un país que no entiende cómo ocurre esto, de la mano con los altos índices de impunidad que denuncian las organizaciones internacionales”.
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El epicentro del problema se encuentra en la política criminal del estado, la cual, tal como señaló la Corte Constitucional en el año 2015, “ha sido reactiva, populista, poco reflexiva, volátil, incoherente y subordinada a la política de seguridad”.
Según Escobar, “todos estos epítetos caben para la política criminal colombiana. El estado de manera sistemática ha ignorado las reiteradas evidencias empíricas producidas por la criminología nacional y extranjera sobre la inocuidad de los aumentos de penas para disuadir del comportamiento criminal, así como sobre la insuficiencia de la cárcel para resocializar a las personas privadas de la libertad y su correlativa proclividad para fomentar el comportamiento criminal”.
Se pregunto ¿por qué persistir en una estrategia que desde mucho tiempo atrás se ha demostrado incapaz para abordar adecuadamente el fenómeno de la criminalidad? Para Escobar, “la criminología ha postulado distintas explicaciones sobre cómo la cárcel sí funciona, pero para fines distintos a los declarados. Por ejemplo, para controlar a ciertos sectores de la población. Después de todo, es innegable que, a lo largo de la historia, el castigo ha sido y aún es empleado como una herramienta de exclusión. Adicionalmente, el crimen toca fibras demasiado sensibles dentro de la sociedad y mueve al electorado. Casi siempre, las decisiones privilegian cálculos electorales sobre análisis sosegados en torno a sus implicaciones político-criminales”.
Cómo humanizar la política criminal
De acuerdo con el experto, indistintamente del Gobierno y Congreso de turno, hay algunas estrategias para la humanización de la política criminal:
Por ejemplo, incrementar el uso de estrategias de prevención que no se limiten a la reducción de oportunidades y también ataquen las causas del delito; o despenalizar ciertos delitos que impiden a la Fiscalía General de la Nación priorizar casos y que congestionan al sistema judicial. Esto de la mano con un fortalecimiento del principio de oportunidad.
Así mismo, aumentar el protagonismo de la justicia restaurativa que verdaderamente involucre a la persona infractora y a la persona afectada como forma de resolver los conflictos sin recurrir a la sanción penal.
También fortalecer las actividades encaminadas a la resocialización para aquellas personas que sí sean privadas de la libertad; y sistematizar los esfuerzos para que la población pospenada pueda efectivamente reincorporarse a la sociedad.
Para Escobar, hay un último ítem que también debe abordarse, así resulte polémico: “me refiero a otorgar el derecho al voto a las personas privadas de la libertad que han sido condenadas. Si votaran quizás sus derechos no serían tan fácilmente ignorados, quizás más congresistas y gobernantes estarían interesados en escuchar sus reclamos. Si realmente pretendemos reivindicar su dignidad como seres humanos, debemos reconocerlos como actores políticos”.
Hay que recordar que la fiesta de la Virgen de la Merced o de las Mercedes, patrona de los reclusos se conmemora este 24 de septiembre, invita a reflexionar sobre la situación de las personas privadas de la libertad en Colombia.