ADVIERTE SOBRE LA NECESIDAD DE GARANTÍAS

El registrador nacional, Hernán Penagos, hizo un llamado a las autoridades para garantizar condiciones seguras que permitan el ejercicio del voto libre en las elecciones presidenciales y legislativas de 2026. En un contexto de creciente tensión en zonas afectadas por la violencia, Penagos alertó sobre la necesidad de reforzar medidas de seguridad en regiones como Catatumbo, Cauca, Chocó y Putumayo, donde la presencia de grupos armados ilegales representa una amenaza para el proceso electoral.

Intimidación

En entrevista con El Espectador, el funcionario subrayó que, si bien la problemática no afecta a todo el país, existen puntos críticos donde los ciudadanos pueden ver limitado su derecho al sufragio debido a la intimidación de actores armados. “No es todo el territorio nacional, pero hay lugares específicos que requieren atención prioritaria. Ya hemos advertido esta situación al ministro de Defensa y a las Fuerzas Militares”, explicó Penagos.

Partidos

El registrador también destacó que los próximos años estarán marcados por una intensa agenda electoral, con eventos clave en 2025, como las consultas internas de los partidos y las elecciones de Consejos de Juventud. Además, señaló que se han registrado 19 elecciones atípicas de alcaldes y gobernadores hasta la fecha y que el número podría aumentar hasta 30 antes del cierre del periodo.

En cuanto a la posibilidad de una consulta popular impulsada por el Gobierno, Penagos advirtió sobre el impacto financiero que tendría el proceso. Según sus cálculos, la organización de esta consulta podría costar entre 600 y 700 mil millones de pesos, debido a la necesidad de desplegar una logística similar a la de unas elecciones ordinarias en todo el territorio nacional.

A pesar de estos desafíos, el registrador aseguró que la Registraduría garantizará elecciones íntegras y transparentes, resaltando que el proceso involucra a múltiples actores. “Tenemos a 700 mil jurados ciudadanos, jueces y notarios responsables del escrutinio, lo que refuerza la transparencia del sistema”, concluyó Penagos.

Por adminhsb

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Tortura y amenazas: Fiscalía narró el horror vivido por cobrador secuestrado, presuntamente, por hijo de DiomedesZona Cero@zonacero02 de Julio de 20263:55 pmShare:FacebookTwitterEmailWhatsAppLo señalaban de apropiarse de entre 15 y 30 millones de pesos, perteneciente a la organización de préstamo en la que laboraba.El Fiscal Delegado Ante Jueces del Circuito, Rodrigo Restrepo detalló en audiencia de imputación de cargos los hechos por los que hoy es investigado Luis Mariano Díaz González, hijo de Diomedes Díaz y Betsy Liliana González, y otras cinco personas más.El ente acusador explicó que las investigaciones se realizan por los presuntos delitos de secuestro simple y tortura contra Carlos Alfredo Mejía Vargas, quien se desempeñaba como cobrador.Detalló que los hechos ocurrieron a las 12:40 de la madrugada del sábado 23 de agosto de 2025, cuando un grupo conformado por Luis Mariano Díaz, Keiner David Rocha Gamero, Darío Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez, Alexis Rafael Jiménez Urina y Stiven Rafael Bolaño De La Hoz, y otras 16 personas más, llegaron en cerca de diez motocicletas hasta una vivienda ubicada en el barrio Ciudad Modesto, en Barranquilla. Inversiónportuaria BarranquillaLa Fiscalía sostiene que los implicados, actuando de manera coordinada y con distribución de funciones, ejecutaron un plan para privar ilegalmente de la libertad a Carlos Alfredo, quien se desempeñaba como cobrador de la empresa informal de préstamos denominada «Soluciones Mano a Mano», señalando de apropiarse de entre 15 y 30 millones de pesos, perteneciente a esa organización de préstamo. El Fiscal del caso precisó que los procesados llegaron hasta la residencia de Mejía Vargas, intimidaron con armas de fuego a su familia y obligaron al cobrador a salir de su inmueble. Posteriormente, lo subieron en una de las motocicletas y se lo llevaron contra su voluntad hasta una vivienda ubicada en el barrio Las Granjas, en la localidad metropolitana de Barranquilla.Según los detalles que reveló el investigador, la víctima permaneció retenida aproximadamente entre la 1:00 de la madrugada y el mediodía del mismo sábado, bajo el control permanente de sus captores.Mientras Carlos Alfredo Mejía permanecía secuestrado, los integrantes de la organización establecieron comunicación con sus familiares exigiendo el pago de 15 millones de pesos para dejarlo en libertad.Según el Fiscal, una vez los integrantes de la organización conocieron que la familia no disponía del dinero que exigían, estos sugirieron que entregaran una vivienda mediante la firma de la correspondiente escritura pública a favor de una persona designada por la organización.La Fiscalía sostiene que durante las conversaciones los familiares recibieron amenazas de causar daño tanto a la víctima como a sus allegados si no accedían a las exigencias.La investigación también señala que durante el tiempo que permaneció retenido, Carlos fue sometido a una serie de agresiones físicas y psicológicas con el propósito de obligarlo a aceptar la supuesta desaparición del dinero y revelar su ubicación.Según el relato de la Fiscalía, la víctima recibió golpes de puño en el rostro y otras partes del cuerpo, patadas, golpes con tablas de madera, tubos y otros objetos contundentes.Asimismo, habría sido golpeado repetidamente con la cacha y la punta de un arma de fuego y sufrió heridas ocasionadas con un arma cortopunzante en la mano derecha y en una de sus piernas.La Fiscalía afirmó que durante los actos de violencia llegó al lugar Luis Mariano Díaz González, señalado como líder de la organización, acompañado por Steven Rafael Bolaño de la Cruz y José David Martínez Ibáñez.Según el ente investigador, Luis Mariano Díaz González y Steven Rafael Bolaño asumieron personalmente la dirección de las agresiones.Lea también: Capturan a Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes: lo señalan de coautor de secuestro y torturaEn particular, la Fiscalía indicó que Díaz González habría golpeado en repetidas ocasiones a la víctima en la cabeza con la cacha de un arma de fuego, mientras continuaba exigiéndole que confesara la supuesta apropiación del dinero.Por su parte, Dairo Andrés Tirado Bocio habría participado en el traslado, la custodia y las agresiones contra la víctima.Igualmente, Alexis Rafael Jiménez Urina es señalado de coordinar el inicio de la retención, convocar a los demás integrantes de la organización, participar en las agresiones y mantener el control de la actuación criminal.Los demás procesados, según la Fiscalía, ejecutaron labores de vigilancia, agresiones físicas y amenazas, actuando de manera coordinada y con reparto funcional de tareas para asegurar el sometimiento de Carlos Alfredo Mejía Vargas.