En Colombia se está despertando un debate sobre el uso del presupuesto público como instrumento de poder político, tras evidenciarse un marcado contraste en el trato que recibieron dos figuras de control institucional en estas últimas semanas. Por un lado, Gregorio Eljach, nuevo Procurador General, ha sido objeto de un respaldo explícito tanto del Ejecutivo como del Legislativo, con iniciativas que le favorecen en forma acelerada y con recursos adicionales. Por otro lado, Iris Marín, Defensora del Pueblo, ha sufrido un recorte presupuestal y una disminución en su capacidad operativa que algunos interpretan como un castigo por su postura crítica e independiente frente al poder político.
Contexto institucional y político
Gregorio Eljach fue ternado por el presidente Gustavo Petro para el cargo de Procurador General de la Nación y obtuvo un respaldo abrumador del Senado para su elección. Durante su carrera, mantuvo una relación fluida con el mundo político: fue secretario general del Senado durante más de una década, donde cultivó redes y alianzas. En sus discursos ha admitido abiertamente que su carrera política y su conexión con el Legislativo hacen parte de su identidad de funcionario: “He sido el único que ha aprendido a caminar en política con ustedes”, declaró en una sesión reciente.
Por su parte, Iris Marín ha forjado su perfil como una defensora del Pueblo independiente de los poderes políticos, expresando críticas hacia decisiones gubernamentales y hablando con autonomía institucional. Su gestión ha buscado vigilar violaciones de derechos humanos, garantizar el acceso a la justicia para comunidades vulnerables y monitorear posibles abusos del poder público. Su nombramiento se percibió como un intento de reformulación del rol de la Defensoría del Pueblo con mayor fuerza crítica y menos alineamiento con las mayorías políticas.
El “premio” al Procurador: favores legislativos y presupuesto ampliado
El contraste empezó a hacerse visible cuando el Congreso priorizó y aceleró el trámite de una iniciativa para crear una universidad bajo control de la Procuraduría. En apenas dos meses, los cuatro debates requeridos para su aprobación fueron aprobados con celeridad inusitada frente al ritmo habitual de proyectos de alto impacto presupuestal. Además, el Congreso aprobó una ampliación en el presupuesto de la Procuraduría por 600.000 millones de pesos (aproximadamente 160 millones de dólares) para fortalecer su operatividad, su planta de personal y nuevas funciones.
Este tratamiento de privilegio generó críticas porque se hizo con poca discusión pública o transparente en comisiones, y sin que otros proyectos prioritarios recibieran el mismo empuje. Analistas advierten que la Procuraduría, bajo esta nueva administración, gana recursos que le permiten mayor capacidad sancionatoria y posibilidad de vigilancia sobre otros poderes, lo que podría inclinar el juego político hacia quienes controlan esa institución.
El “castigo” a la Defensora: recortes y debilitamiento institucional
En paralelo, la Defensoría del Pueblo fue objeto de un recorte presupuestal significativo: se le restaron 60.000 millones de pesos (aproximadamente 15 millones de dólares) respecto a lo que había sido propuesto inicialmente. Este recorte es especialmente grave porque compromete funciones esenciales como la atención a víctimas, el monitoreo de derechos humanos, la defensa de comunidades rurales, la vigilancia durante procesos electorales y acciones frente al conflicto armado interno.
La Defensoría denunció que ese cambio presupuestal no fue consultado previamente y que no se entregaron argumentos claros al respecto. “La decisión del Congreso es desconcertante”, dijo Iris Marín días antes de la votación parlamentaria. Otras entidades de control, como la Contraloría y la Procuraduría, no sufrieron recortes similares, lo que profundiza la percepción de que la Defensoría fue castigada por su autonomía frente al poder político.
Interpretaciones y riesgos para la independencia institucional
Para analistas y académicos, este contraste no es superficial ni casual, sino que encierra riesgos institucionales profundos. La politóloga Laura Wills ha señalado que la Procuraduría ejerce una vigilancia directa sobre congresistas y entidades públicas, lo cual genera una tensión de intereses cuando esos mismos congresistas favorecen a la institución con recursos. “¿Quién va a desobedecer al procurador cuando él controla su destino presupuestal?” se cuestiona. La falta de debates sustantivos en el Congreso para aprobar iniciativas estructurales, aparece también como un síntoma del debilitamiento del control ciudadano frente al poder.
Otro punto de atención es que, aunque Eljach ha abierto investigaciones contra altos funcionarios y ha hecho pronunciamientos críticos, ha mostrado cautela al señalar al presidente, aduciendo límites jurídicos (como el fuero constitucional presidencial). Algunos críticos creen que esa cautela podría volverse autoimpuesta para no tensionar demasiado su respaldo político.
Consecuencias posibles y lo que sigue
- La Defensoría, con menor presupuesto, tendrá menos recursos para monitorear derechos humanos, supervisar políticas públicas, atender víctimas y vigilar procesos electorales.
- La Procuraduría, con más recursos y mayor respaldo político, podrá aumentar su capacidad sancionatoria y tener mayor presencia institucional en regiones y en ámbitos locales.
- Puede instalarse una “asimetría del control político”: quien controla más recursos institucionales puede influir más sobre otros poderes.
- El debate sobre reformas institucionales puede complicarse si se privilegian los mecanismos de control que están alineados políticamente.
- En la opinión pública, este episodio podría erosionar la confianza en las instituciones de control, si se percibe que actúan más como aliados del poder que como vigilantes independientes.
En resumen, lo que exhibe este episodio es algo más que un conflicto presupuestal: revela una tensión profunda entre autonomía institucional y política partidista. Las instituciones de control son clave para la democracia; cuando su fortalecimiento queda supeditado al favor político, se abre una brecha peligrosa para el equilibrio de poderes y la protección ciudadana.