La polémica por la libertad de jóvenes pertenecientes a la llamada Primera Línea, que han quedado en libertad, y que pasarán a ser gestores de paz, sigue sumando protagonistas, ahora es la Procuraduría quien sentó su voz de protesta.
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La revista Semana dio a conocer que el procurador delegado encargado para asuntos penales de la Procuraduría, Jairo Acosta, evalúa presentar denuncia en las próximas horas en contra de la juez que ordenó la libertad de dos jóvenes designados como gestores de paz por el Gobierno de Gustavo Petro.
Dicha denuncia, según fuentes de la Procuraduría, se presentaría ante la Fiscalía y ante la Comisión de disciplina Judicial. En primer lugar, la Procuraduría considera que el juez coordinador del centro de servicios judiciales de Bogotá solo tiene competencia para repartir las solicitudes de libertad y cumplir una orden en ese sentido que le entregue un juez de control de garantía. Solo a falta absoluta de este podría entrar a suplirlo.
El Ministerio Público advierte que, en todos los casos y para el cumplimiento de su función, los fiscales, los jueces y la policía judicial debe enterar oportunamente, por el medio más expedito, a los Procuradores judiciales de las diligencia y actuaciones de su competencia.
En otras palabras, el juez coordinador no puede ordenar y librar orden de libertad de un detenido bajo el criterio de cumplir un decreto presidencial que requirió levantar o suspender órdenes de captura.
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Cabe recordar, en todo caso, que el decreto presidencial ordenó levantar o suspender órdenes de captura, no levantar las medidas de aseguramiento impuestas por disposición de un juez en un proceso legal.
Hace un par de días, precisamente, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, anunció que el órgano de control radicó una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura, por la no convocatoria de procuradores judiciales penales a las diligencias donde se decretó la libertad de dos jóvenes de la primera línea que serán voceros de paz.