En Colombia será inevitable ajustar parámetros clave en pocos años, como la edad de jubilación, la tasa de cotización y las semanas de cotización, a pesar de la reciente aprobación del nuevo Sistema de Pensiones en el país, explicó Diana Mena, investigadora del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.
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De acuerdo con el observatorio, Colombia se encuentra rezagada en materia de protección social. Excluyendo salud, tan solo el 35 % de la población se encuentra cubierta por al menos un beneficio de protección social, contrastado con países como el Reino Unido y México, donde reciben beneficios el 100 % y 72 %, respectivamente, según datos de la OIT.
En cuanto al investigador Julián Montañez, dijo que se evidencia una brecha de género en la cotización que comenzó a notarse tras la pandemia de COVID-19, favoreciendo a las mujeres. Para 2023, esta brecha ha alcanzado los 4,2 puntos porcentuales, lo que indica que más mujeres están cotizando a pensión que antes, un cambio significativo que puede estar relacionado con políticas laborales o cambios en la dinámica de empleo post-pandemia.
Colombia y protección social
Sin embargo, solo el 14 % de los adultos mayores ocupados cotiza a un fondo de pensión, lo que deja a la mayoría de esta población sin un respaldo económico para su retiro. En contraste, el 59 % de los jóvenes ocupados cotizan al sistema, aunque un 41% aún no lo hace, reflejando la necesidad de impulsar la formalización del empleo juvenil.
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Además, en términos de género, se evidencia que, mientras el 58 % de los hombres cotizan, solo el 55 % de las mujeres lo hacen, lo que subraya la precariedad laboral que afecta a las trabajadoras, afirma Pamela Caiza, investigadora del Observatorio Laboral.
Hay que tener en cuenta que el sistema de aseguramiento enfrenta retos hacia el futuro. Aunque la cobertura de salud supera el 90 %, persisten disparidades territoriales en el acceso, la calidad, y por poblaciones vulnerables, agravadas por factores como el envejecimiento, la adopción de tecnologías médicas y el aumento en la demanda de servicios. Esto podría requerir, según las investigaciones previas, un aumento de hasta el 1,9 % del PIB en recursos para 2030, señaló Diana Mena, investigadora del observatorio.
Agregó que la informalidad, que alcanzó el 56,4 % de la población sin aportar al sistema en 2023, plantea desafíos para la sostenibilidad del Sistema Pensional.