Wilmer Castellanos, representante a la Cámara/foto:archivo particular.
En el Congreso de la República fue radicado un proyecto de ley que plantea cambios en la forma en que los transportadores de carga terrestre deben pagar el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), con el objetivo de simplificar los trámites tributarios del sector.

La iniciativa, presentada por el representante a la Cámara por Boyacá Wilmer Castellanos, propone que los transportadores que no tengan establecimiento de comercio físico en el municipio de despacho y que ya cuenten con el impuesto retenido en su totalidad en la fuente, no estén obligados a presentar declaraciones individuales del ICA en cada jurisdicción municipal.
Con este cambio, se busca reducir la carga administrativa que actualmente enfrentan las empresas de transporte de carga, las cuales deben cumplir con obligaciones tributarias en múltiples municipios debido a la naturaleza itinerante de su actividad económica.
El proyecto también establece un periodo de transición de seis meses para que los concejos municipales ajusten las tarifas de retención en la fuente del ICA. La intención es que el valor retenido sea equivalente al impuesto definitivo que debe pagar el contribuyente, lo que obligaría a los entes territoriales a armonizar sus esquemas de recaudo.
En el caso de Duitama, ciudad considerada uno de los principales centros logísticos e industriales de Boyacá, la propuesta ha generado análisis sobre sus posibles efectos en el recaudo local y la planeación financiera municipal.
El concejal duitamense Ricardo Rivera ha señalado que este tipo de iniciativas podrían impactar la autonomía fiscal de los municipios, especialmente en aquellos donde el ICA representa una fuente importante de ingresos para la inversión pública y el funcionamiento administrativo.
El debate se centra en el equilibrio entre la simplificación de los trámites para el sector transportador y la posible reducción de ingresos propios de las administraciones municipales, en un contexto donde el transporte de carga tiene alta presencia en corredores viales estratégicos del país.
El proyecto continuará su trámite en el Congreso de la República, donde será analizado en las comisiones económicas para determinar su viabilidad jurídica y fiscal antes de avanzar en los siguientes debates legislativos.
