La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, escribió en X que el gobierno ha revocado la «certificación del programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio» de Harvard como resultado de su «incumplimiento de la ley».
«Que esto sirva de advertencia a todas las universidades e instituciones académicas de todo el país», escribió.
Harvard calificó la medida de «ilegal» en un comunicado.
«Estamos totalmente comprometidos a mantener la capacidad de Harvard para acoger a nuestros estudiantes y académicos internacionales, que provienen de más de 140 países y enriquecen inmensamente la Universidad y esta nación», dijo Harvard.
«Estamos trabajando rápidamente para brindar orientación y apoyo a los miembros de nuestra comunidad. Esta acción de represalia amenaza con causar un daño grave a la comunidad de Harvard y a nuestro país, y socava la misión académica y de investigación de Harvard», señaló la institución.
Este viernes Harvard presentó una demanda contra la medida del gobierno de Trump, asegurando que se trata de una «violación descarada» de la ley.
Horas después, una jueza emitió una orden de restricción temporal que bloquea el plan de la Casa Blanca, que afectaría a miles de estudiantes internacionales que estudian en la universidad.
Casi 7.000 estudiantes internacionales estaban matriculados en la institución el año académico pasado, según datos de la universidad, lo que representa el 27,2% de su alumnado.
El choque entre Trump y Harvard
La Casa Blanca ha exigido a Harvard que realice cambios en las prácticas de contratación, admisión y enseñanza para ayudar a combatir el antisemitismo en el campus.
Harvard había dicho anteriormente que ha adoptado muchas medidas para abordar el antisemitismo, y que las exigencias del gobierno suponen un esfuerzo por regular las «condiciones intelectuales» de la universidad.
El gobierno ha amenazado con revocar la exención de impuestos de la que se beneficia la universidad y ha congelado miles de millones de dólares en subvenciones gubernamentales a la institución académica.
En abril, Noem amenazó con revocar el acceso de la universidad a los programas de visas para estudiantes si no cumplía con la solicitud del Ejecutivo de tener un amplio acceso a los registros de sus estudiantes extranjeros.
En la carta del jueves, la secretaria afirmó que Harvard debe cumplir con una lista de demandas para tener una «oportunidad» de recuperar su capacidad para inscribir estudiantes internacionales.
Esto incluye todos los registros disciplinarios de estudiantes no residentes matriculados en Harvard durante los últimos cinco años.
Noem también exigió que Harvard entregue registros electrónicos, videos o audios de toda actividad «ilegal» y «peligrosa o violenta» por parte de estudiantes no residentes en el campus.
El aviso dio a Harvard 72 horas para cumplir con la solicitud de registros del Departamento de Seguridad Nacional.
La administración Trump ha intentado reducir drásticamente las visas para estudiantes internacionales, causando caos y confusión en los campus universitarios de todo Estados Unidos y dando lugar a una ola de demandas.
En algunos casos, esas revocaciones parecieron afectar a estudiantes extranjeros que participaron en protestas políticas o que habían tenido cargos penales previos, como infracciones de tránsito.
La resistencia de Harvard
Harvard no solo es la universidad más prestigiosa de Estados Unidos, sino también la más rica de ese país y del mundo.
La institución acumula un «endowment» (fondo patrimonial propio que invierte para financiar sus actividades) de US$53.000 millones, más que el producto interno bruto de 120 países, entre ellos Islandia, Bolivia, Honduras o Paraguay.
Donaciones millonarias, inversiones exitosas y una estricta gestión han hecho de Harvard una entidad con recursos suficientes.
Su fortaleza financiera es una poderosa herramienta para resistir presiones políticas y económicas que harían tambalear a otras universidades.
Su presidente, Alan M. Garber, ha sido la cara visible del pulso de la universidad con Trump y el 14 de abril informó que la institución se había negado a plegarse a las exigencias del gobierno, lo que le granjeó los aplausos de muchos en la órbita del Partido Demócrata.
El gobierno respondió entonces con la supresión de los beneficios fiscales con los que contaba y la amenaza de impedirle matricular a estudiantes internacionales, que ha cumplido con la decisión anunciada este jueves.
El último paso dado por Noem nace de una investigación que el Departamento de Seguridad Nacional abrió el 16 de abril después de que acusara por carta a la universidad de haber creado «un ambiente de enseñanza hostil para los estudiantes judíos».
La petición de información del gobierno sobre todos los extranjeros con visa de estudiante suscitó preocupación entre los abogados de la institución que temían que podría ser obligada a compartir datos personales más allá de lo que permite la ley, según informó The New York Times.
Harvard hizo llegar esa preocupación al gobierno el pasado 30 de abril.
Ese mismo día, su vicepresidenta ejecutiva, Meredith Weenick, envió una carta pública en la que se comprometía a que solo se facilitaría al gobierno la información «requerida por la ley» y exhortaba a los estudiantes a «estar tan concentrados como sea posible en sus objetivos académicos».
Agradecimientos a BBC MUNDO