La decisión del CNE se conoce un día después de que el Tribunal Superior de Medellín les diera 48 horas a los magistrados para certificar o no las cuentas del comité.
Tras varios meses de trabas jurídicas, presiones a contratistas, acusaciones sin fundamentos y denuncias entre las partes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio la estocada final al proceso de revocatoria contra el mandato del alcalde Daniel Quintero, en una decisión que se veía venir.
Vencimos a las mafias que estaban enquistadas en el poder. pic.twitter.com/gO8uje7sj2
— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 26, 2022
Con siete votos a favor y dos salvamentos de voto, los magistrados avalaron la ponencia de su colega César Abreo de no certificar los estados contables de la recolección de las firmas y de formular cargos a seis integrantes del comité revocador.
Con ello quedó lejos la posibilidad de que los ciudadanos sean convocados a las urnas antes del 30 de junio de este año.
La ponencia de Abreo fue apoyada por siete de los magistrados, incluido Renato Contreras, del Centro Democrático, que la semana pasada pidió revisar los 2.000 folios del expediente para verificar si las pruebas allegadas al proceso estaban ajustadas al sentido de la ponencia de Abreo.
Quienes sí salvaron su voto fueron los magistrados Hernán Penagos Giraldo, del Partido de la U, y Pedro Felipe Gutiérrez, del CD.
Sobre los cargos contra los promotores, el CNE estableció que el primero de ellos tiene que ver con el hecho de que “no figuran en los estados contables la totalidad de los aportes en dinero o en especie” que hicieron personas naturales o jurídicas a la campaña de recolección de firmas.
Este punto es particular porque estaría relacionado con el alquiler de sillas, carpas y mesas que no habrían sido reportados como gastos de campaña, aun cuando los líderes revocadores aseguraron que todo se presentó ante el CNE como se exige en la ley.
El segundo cargo se refiere a una presunta violación de topes en la campaña para la recolección de las firmas de apoyo ciudadano, que está establecido en $236 millones. Sin embargo, los líderes de la revocatoria han asegurado en varias ocasiones que este monto no se superó y que en el informe quedó estipulado cada peso que se gastó, a quién se le pagó y por cuál concepto.
En cualquier caso, la decisión del CNE ordena abrir investigaciones, por una presunta violación a los artículos 11 y 12 de la Ley 1757 de 2011, en contra de Andrés Felipe Rodríguez Puerta, Jorge Alejandro Posada Jaramillo, Luis Alfonso García Carmona, Jaime Gonzalo Torres Ojeda y Julio Enrique González Villa, integrantes del comité revocador, y a Raúl Bautista Quiroga, contador de la campaña de revocatoria.