El salario mínimo en Colombia para 2026, fijado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro con un aumento cercano al 23 %, sigue generando controversia entre distintos sectores económicos y jurídicos, impulsando un debate sobre si dicha decisión podría ser demandada ante los tribunales por supuesta falta de cumplimiento de la ley.
La discusión se centra en que diversas agremiaciones empresariales y expertos legales han advertido que el incremento tan elevado, decretado tras el fracaso de la mesa de concertación entre sindicatos y empleadores, podría contradecir normas vigentes o generar efectos negativos no contemplados en el proceso legal de fijación del salario mínimo.
El decreto presidencial estableció el nuevo salario mínimo en aproximadamente COP 1.750.905 mensuales, con un auxilio de transporte de COP 249.095, sumando un total cercano a COP 2.000.000 para quienes reciben ambos conceptos.
Los detractores del aumento señalan que un alza tan pronunciada puede impactar los costos laborales de las empresas, la inflación y la formalidad del mercado laboral, lo que —a juicio de algunos especialistas— podría dar pie a acciones legales en contra del decreto.
Por su parte, defensores del Gobierno y algunos juristas aseguran que el decreto cuenta con blindaje constitucional que le permitiría sostenerse frente a posibles demandas y subrayan que la medida es un intento de dignificar los ingresos de los trabajadores y combatir la desigualdad económica.
Este debate se da además en un contexto económico en el que el aumento del salario mínimo, según críticos, podría elevadar los precios de bienes y servicios, encarecer costos laborales y presionar la inflación, aunque otros expertos lo consideran una herramienta para mejorar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.
La polémica alrededor del salario mínimo 2026 continuará en los próximos meses, con el ojo puesto en posibles acciones jurídicas y la respuesta de las organizaciones empresariales y sindicales en Colombia.