Julián Quintero, presidente de la JAC Los Patriotas/ foto: archivo particular
La Junta de Acción Comunal del barrio Los Patriotas, en Tunja, atraviesa una compleja situación jurídica que podría comprometer el futuro de dos espacios considerados fundamentales para la comunidad: el salón comunal y la Escuela Rafael Uribe Uribe.
Deuda histórica
Según explicó el presidente de la Junta de Acción Comunal, Julián Quintero, ambos predios se encuentran afectados por medidas cautelares derivadas de un proceso laboral que se originó hace varios años y que concluyó con una condena judicial contra la organización comunal. De acuerdo con el dirigente, el salón comunal actualmente estaría embargado y secuestrado, mientras que la institución educativa registra una medida de embargo.
Quintero señaló que el litigio se remonta a un acuerdo suscrito en 1994 entre una administración anterior de la Junta y uno de los demandantes. En dicho documento se habría permitido a una persona habitar un predio comunitario a cambio de realizar labores de cuidado y vigilancia. Posteriormente, los ocupantes iniciaron una demanda laboral reclamando el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes pensionales.
Aunque el caso tuvo distintas decisiones judiciales en varias instancias, finalmente la Corte Suprema de Justicia determinó la existencia de una relación laboral y ratificó la responsabilidad de la Junta frente a las obligaciones reclamadas. Según el presidente comunal, la deuda acumulada supera actualmente los 160 millones de pesos, una suma que la organización asegura no estar en capacidad de asumir.
Bienes en riesgo
El dirigente manifestó su preocupación por la posibilidad de que el salón comunal pueda ser rematado para garantizar el pago de la obligación. A su juicio, esto significaría la pérdida de un espacio destinado exclusivamente al desarrollo de actividades sociales, comunitarias y de integración para los habitantes del sector. Frente a la situación, la Junta ha explorado alternativas de conciliación con la parte demandante. Sin embargo, Quintero afirmó que las conversaciones no han logrado avanzar hacia una solución definitiva. Asimismo, indicó que una de las opciones planteadas consistía en ceder una parte independiente del predio donde funciona la Escuela Rafael Uribe Uribe, propuesta que tampoco se ha concretado.
El presidente comunal también expresó inquietudes frente a las actuaciones relacionadas con el predio de la institución educativa. Según explicó, existe la posibilidad de que el municipio adelante acciones jurídicas para reclamar la titularidad del terreno donde opera la escuela, escenario que, en su opinión, podría dejar a la Junta sin control sobre otro de los bienes comunitarios del sector. Mientras las autoridades y las partes involucradas continúan evaluando posibles salidas jurídicas, los habitantes del barrio Los Patriotas permanecen atentos al desarrollo del proceso, que podría tener consecuencias significativas para dos espacios que durante décadas han servido como puntos de encuentro comunitario y de formación educativa.
Finalmente, Julián Quintero hizo un llamado a la comunidad para respaldar la labor de las juntas de acción comunal, recordando que se trata de organizaciones integradas por ciudadanos que ejercen sus funciones de manera voluntaria y que, en este caso, enfrentan las consecuencias de decisiones adoptadas por administraciones anteriores.