Un tribunal estatal de Nuevo México ordenó a Meta destinar US$567 millones a un fondo destinado a atender y mitigar los efectos de sus plataformas sobre la salud mental de niños y adolescentes, en una de las decisiones judiciales más contundentes de Estados Unidos contra una gran empresa tecnológica por el impacto de las redes sociales en menores.
La decisión fue emitida el jueves 6 de agosto de 2026 por el juez de distrito estatal Bryan Biedscheid, como parte de la segunda fase de un proceso judicial iniciado por el estado de Nuevo México contra la compañía matriz de Facebook e Instagram.
El fallo no se limita al dinero. También establece una serie de medidas destinadas a modificar la manera en que las plataformas de Meta operan con usuarios menores de edad dentro de Nuevo México, incluyendo mayores controles de edad, restricciones de determinadas funciones, advertencias relacionadas con la seguridad y mecanismos adicionales para proteger a los menores.
La resolución llega después de que un jurado ya hubiera determinado, en marzo, que Meta violó la legislación de protección al consumidor del estado y le impusiera US$375 millones en sanciones civiles. Con la nueva orden, la responsabilidad económica acumulada en este caso asciende a US$942 millones.
¿Por qué Meta fue llevada a los tribunales?
El caso comenzó en 2023, cuando la Fiscalía General de Nuevo México, encabezada por Raúl Torrez, demandó a Meta.
El estado acusó a la compañía de haber engañado a los usuarios sobre la seguridad de sus plataformas y de haber permitido que Facebook, Instagram y WhatsApp expusieran a menores a riesgos relacionados con la explotación sexual y otros daños.
La investigación estatal incluyó operaciones encubiertas en las que investigadores crearon cuentas que aparentaban pertenecer a menores. Según las autoridades, esas cuentas fueron expuestas rápidamente a contenido y contactos de carácter sexual.
Durante el juicio también se presentaron documentos internos, testimonios de antiguos empleados de Meta, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, educadores y otros expertos.
El estado sostuvo que determinadas características de las plataformas habían sido diseñadas para aumentar el tiempo de permanencia y la interacción de los usuarios, incluso cuando existían riesgos para los menores. Meta, por su parte, rechazó las acusaciones y defendió las medidas de seguridad implementadas en sus servicios.
El primer golpe: US$375 millones
La primera fase del proceso terminó el 24 de marzo de 2026, cuando un jurado de Nuevo México declaró responsable a Meta de violaciones a las leyes estatales de protección al consumidor.
Los jurados determinaron que la compañía había incurrido en 75.000 violaciones de la legislación estatal. Cada una fue sancionada con US$5.000, el máximo permitido, lo que produjo una penalización total de US$375 millones.
El caso fue considerado histórico porque se convirtió en uno de los primeros procesos en Estados Unidos en los que un jurado encontró responsable a una gran compañía de redes sociales por este tipo de conductas relacionadas con la seguridad de menores.
Meta anunció entonces que no estaba de acuerdo con el veredicto y que apelaría.
La segunda fase se concentró en cómo reparar el daño
Después del veredicto del jurado comenzó una segunda etapa del proceso.
En esta fase, el juez Biedscheid tuvo que determinar qué medidas podían imponerse a Meta para reducir y reparar los daños que el tribunal consideró relacionados con el funcionamiento de sus plataformas.
La Fiscalía General de Nuevo México había planteado inicialmente un plan de remediación mucho más amplio, que llegó a superar los US$3.700 millones, además de importantes modificaciones en el funcionamiento de las plataformas.
Durante las audiencias, sin embargo, el juez expresó preocupación por no exceder las competencias propias de un tribunal. El resultado final fue un paquete de medidas y un fondo económico considerablemente diferente de la propuesta inicial del estado.
¿En qué se utilizarán los US$567 millones?
Uno de los aspectos centrales de la sentencia es que el dinero no se plantea simplemente como una multa que ingrese al presupuesto general del estado.
El juez determinó que US$420 millones serán destinados a servicios de tratamiento para jóvenes durante los próximos cinco años.
El resto del fondo, aproximadamente US$147 millones, se utilizará para otras iniciativas relacionadas con la problemática, entre ellas programas de prevención, concientización, detección y otros costos asociados a la respuesta frente a los daños identificados en el proceso.
La estructura del fondo es especialmente relevante porque busca que parte del dinero se dirija directamente a atender las consecuencias que, según las conclusiones judiciales, han sufrido los jóvenes.
En otras palabras, la sentencia no plantea únicamente castigar económicamente a Meta, sino también financiar una respuesta pública frente a los problemas de salud mental asociados al uso de sus plataformas.
Nuevas restricciones para los menores
Además del fondo económico, el juez ordenó cambios en el funcionamiento de Facebook e Instagram para los usuarios menores de edad en Nuevo México.
Entre las medidas reportadas se encuentran límites al uso de las plataformas, controles de edad más estrictos, restricciones de notificaciones y mayores protecciones de privacidad para menores.
Una de las disposiciones más llamativas establece un límite de 90 horas mensuales de utilización para usuarios menores de 18 años en las plataformas alcanzadas por la orden.
También se contemplan restricciones a las notificaciones durante determinadas horas, incluidas franjas relacionadas con el horario escolar y el descanso nocturno.
El fallo también contempla cambios relacionados con la visualización de los «me gusta», medidas para impedir determinadas interacciones entre adultos y menores y restricciones respecto de determinadas interacciones de carácter sexual mediante herramientas de inteligencia artificial.
El objetivo general es reducir las posibilidades de que los menores queden expuestos a dinámicas de uso consideradas perjudiciales o a contactos potencialmente peligrosos.
Controles de edad y protección de menores de 13 años
Otro de los puntos importantes de la decisión está relacionado con la identificación de usuarios menores.
La sentencia contempla mecanismos de verificación o estimación de edad, incluido el uso de herramientas de inteligencia artificial, además de medidas para identificar posibles cuentas pertenecientes a niños menores de 13 años.
Cuando corresponda, Meta deberá eliminar las cuentas y la información personal recopilada de usuarios menores de esa edad.
El tribunal también contempla mecanismos para que escuelas y organizaciones relacionadas con la seguridad infantil puedan informar sobre posibles cuentas de menores de 13 años.
Sin embargo, la aplicación de estas medidas enfrenta una dificultad importante: las compañías tecnológicas deben respetar las normas federales estadounidenses relacionadas con la privacidad infantil. Por ello, el juez no ordenó simplemente que Meta recopile cualquier información necesaria para conocer la edad de sus usuarios.
¿Qué tiene que ver la salud mental de los jóvenes?
El centro del caso no fue solamente la presencia de depredadores sexuales en las plataformas.
Una parte fundamental del proceso estuvo relacionada con los efectos del diseño de las redes sociales sobre los niños y adolescentes.
El estado argumentó que determinadas características de las plataformas favorecen un uso prolongado y compulsivo. Entre las funciones señaladas durante el proceso estuvieron los sistemas de recomendación, el desplazamiento continuo de contenido, la reproducción automática y las notificaciones.
La acusación sostuvo que estas características podían contribuir a problemas relacionados con el bienestar psicológico de los jóvenes.
El tribunal terminó tratando el problema desde una perspectiva de salud pública, al considerar que las prácticas cuestionadas podían constituir una molestia pública o public nuisance bajo la legislación estatal.
Reuters informó que el juez comparó el daño psicológico atribuido a las plataformas con otros problemas de contaminación que pueden afectar a comunidades enteras.
Meta rechaza las conclusiones y prepara una apelación
Meta no ha aceptado las conclusiones del tribunal.
La compañía sostiene que sus plataformas cuentan con herramientas de seguridad para proteger a los adolescentes y ha anunciado que apelará la decisión.
La empresa también cuestiona determinadas exigencias incluidas en la orden, argumentando que algunas de ellas serían difíciles de implementar desde el punto de vista tecnológico o podrían entrar en conflicto con otras normas.
Uno de los principales argumentos legales de Meta durante el proceso ha sido que las reclamaciones del estado intentan responsabilizar a la empresa por contenido generado por terceros y que determinadas protecciones legales federales deberían limitar la acción estatal.
El juez, sin embargo, rechazó aplicar esa protección de manera general en este caso, al considerar que las acusaciones estaban dirigidas principalmente a cómo Meta diseñó y operó sus productos, y no simplemente al contenido publicado por terceros.
Un caso que puede tener consecuencias más allá de Nuevo México
Aunque las medidas impuestas por el juez se aplican a Nuevo México, el caso tiene una importancia que podría superar las fronteras del estado.
La razón es que la demanda forma parte de una ola mucho más amplia de procesos judiciales contra empresas de redes sociales por los posibles efectos de sus plataformas sobre los menores.
Reuters señala que existen litigios similares que involucran a más de 40 estados y alrededor de 1.300 distritos escolares, además de otros procesos impulsados por familias y particulares.
Por eso, el caso de Nuevo México puede convertirse en un referente para otras jurisdicciones que buscan responsabilizar a las empresas tecnológicas por características de diseño, prácticas comerciales y medidas de protección insuficientes.
El fiscal general Raúl Torrez ha presentado el resultado como un posible modelo para futuras acciones contra grandes compañías tecnológicas.
La diferencia entre una multa y un fondo de remediación
Un elemento importante para entender la noticia es distinguir los US$375 millones de la primera fase de los US$567 millones ordenados ahora.
Los US$375 millones corresponden a las sanciones civiles impuestas después del veredicto del jurado por las violaciones de la legislación estatal.
Los US$567 millones de la segunda fase tienen otra finalidad: forman parte de un mecanismo de remediación o mitigación del daño, con recursos dirigidos a tratamientos, prevención, concientización y otras medidas relacionadas con la salud y seguridad de los jóvenes.
Por eso, aunque ambos montos surgen del mismo proceso judicial, no representan exactamente el mismo tipo de sanción.
Sumados, alcanzan US$942 millones, una cifra que convierte el caso en uno de los mayores golpes judiciales sufridos por una empresa de redes sociales en Estados Unidos en relación con la protección de menores.
¿Qué significa esto para los adolescentes de Nuevo México?
Si la sentencia permanece vigente después de las apelaciones, los adolescentes de Nuevo México podrían encontrarse con una experiencia considerablemente distinta en Facebook e Instagram.
Además de las restricciones de uso, la población joven tendría acceso a programas financiados con el fondo de remediación, particularmente servicios de tratamiento y otras iniciativas de prevención.
El impacto real, sin embargo, dependerá de cómo se implementen los programas y de la capacidad del estado para convertir los recursos judicialmente asignados en servicios efectivos.
También será determinante el cumplimiento de las nuevas obligaciones por parte de Meta y la capacidad de las autoridades para verificar que las medidas realmente funcionen.
Un precedente en la discusión sobre redes sociales y menores
La relevancia del caso va más allá de Meta.
Durante años, el debate sobre la responsabilidad de las redes sociales se ha concentrado en la dificultad de controlar el contenido que millones de usuarios publican diariamente.
El proceso de Nuevo México plantea una cuestión diferente: ¿puede responsabilizarse a una empresa por el diseño de su propio producto cuando ese diseño contribuye, según un tribunal, a generar daños a los usuarios?
La respuesta que están dando distintos tribunales estadounidenses podría modificar la relación entre las grandes plataformas tecnológicas, los gobiernos estatales y sus usuarios más jóvenes.
El caso también abre un debate sobre hasta dónde puede llegar un juez al ordenar cambios en el funcionamiento de una plataforma privada y qué papel deben desempeñar las legislaturas y los organismos reguladores.
Un proceso que todavía no termina
Pese a la magnitud de la sentencia, el conflicto judicial está lejos de concluir.
Meta ha anunciado su intención de apelar, por lo que las medidas y las obligaciones económicas pueden ser objeto de nuevas disputas ante tribunales superiores.
Mientras tanto, la decisión de Nuevo México se suma a una creciente presión legal contra las grandes plataformas tecnológicas por su relación con la seguridad y el bienestar de niños y adolescentes.
La combinación de una sanción previa de US$375 millones, un fondo de remediación de US$567 millones y nuevas obligaciones sobre el funcionamiento de las plataformas convierte el caso en un precedente particularmente relevante.
Por ahora, el mensaje de la justicia de Nuevo México es claro: la protección de los menores en internet no debe limitarse a retirar contenido peligroso después de que aparezca, sino que también puede alcanzar la forma en que las propias plataformas están diseñadas y operan.