La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia volvió a poner en el centro del debate nacional el futuro del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC en 2016. El expresidente Juan Manuel Santos, principal impulsor de ese proceso, lanzó un nuevo mensaje al mandatario, en el que le recordó que sus decisiones frente al pacto estarán condicionadas por la Constitución y el ordenamiento jurídico colombiano.
Santos cuestionó las posiciones que De la Espriella ha expresado frente al acuerdo y, particularmente, frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Para el Nobel de Paz, el nuevo Gobierno puede intentar modificar determinados aspectos del sistema, pero no puede desconocer unilateralmente los compromisos adquiridos por el Estado.
“Él el 7 de agosto va a decir: juro por Dios y le prometo al pueblo cumplir con la Constitución y las leyes”, señaló Santos, antes de advertir que, según su interpretación, esas mismas normas obligan al Estado a continuar con la implementación del Acuerdo de Paz.
El choque por la JEP
Uno de los principales puntos de tensión es la JEP, mecanismo creado a partir del Acuerdo de 2016 para investigar y sancionar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado y establecer responsabilidades de los diferentes actores.
De la Espriella ha cuestionado públicamente el funcionamiento de esta jurisdicción y ha planteado cambios de fondo. Santos, en cambio, considera que cualquier modificación estructural tendría que superar los procedimientos establecidos por la Constitución.
“Si quiere modificar la JEP tiene que hacer una reforma constitucional”, afirmó el expresidente, quien además pronosticó que el Gobierno tendría dificultades para conseguir las mayorías necesarias en el Congreso.
La advertencia de Santos no es menor. El Acuerdo Final fue firmado en noviembre de 2016 y posteriormente incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante los mecanismos establecidos por el Estado. La propia JEP mantiene publicado el texto oficial del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Una disputa que trasciende a Santos y De la Espriella
El enfrentamiento verbal entre ambos dirigentes representa una discusión mucho más amplia sobre el rumbo que debería tomar Colombia frente a la política de paz.
Para Santos, el acuerdo no puede ser tratado como un programa de gobierno que cada presidente decide aplicar o abandonar según sus preferencias políticas. En declaraciones anteriores, ha insistido en que el pacto continúa vigente y que el próximo Gobierno debería concentrarse en su implementación.
De la Espriella, por su parte, ha construido buena parte de su discurso político alrededor de una posición de mayor firmeza frente a los grupos armados y de críticas a los mecanismos creados durante el proceso de paz. Sus propuestas han generado respaldo entre sectores que consideran que el acuerdo otorgó demasiados beneficios a los antiguos integrantes de las FARC, pero también preocupación entre quienes defienden la continuidad del proceso.
En julio, Santos incluso calificó como una “pelea perdida” cualquier intento de desmontar el acuerdo y sostuvo que el nuevo mandatario tendría la oportunidad de utilizar su gobierno para buscar la unidad nacional en lugar de concentrarse en una confrontación política.
El Congreso será determinante
La discusión no dependerá únicamente de la voluntad del presidente. Si el Gobierno pretende modificar normas de rango constitucional relacionadas con el sistema de justicia transicional, necesitará acudir a los procedimientos previstos por la Carta Política y conseguir los respaldos políticos correspondientes.
Ese escenario convierte al Congreso en uno de los principales escenarios de la disputa. Santos recuerda precisamente el antecedente del gobierno de Iván Duque, que también intentó introducir modificaciones a la JEP y encontró dificultades políticas para sacar adelante sus propuestas.
Por eso, el debate que se avecina no será exclusivamente jurídico. También será una prueba de gobernabilidad para De la Espriella, quien deberá determinar hasta dónde puede llevar sus propuestas sin entrar en conflicto con las instituciones que actualmente hacen parte del sistema de justicia transicional.
La paz vuelve al centro de la agenda política
El cruce entre Santos y De la Espriella demuestra que, diez años después de la firma del Acuerdo de Paz, la discusión sobre sus alcances continúa profundamente dividida en Colombia.
Mientras sus defensores consideran que el pacto permitió desmovilizar a miles de integrantes de las FARC y creó mecanismos para avanzar en verdad, justicia, reparación y reincorporación, sus críticos cuestionan las sanciones, los beneficios otorgados a los excombatientes y los resultados obtenidos durante la última década.
El nuevo Gobierno tendrá ahora que enfrentar esa discusión desde el poder. Santos ya dejó clara su posición: cualquier intento de modificar sustancialmente el Acuerdo o la JEP deberá pasar por los mecanismos constitucionales y enfrentar un escenario político complejo.
La respuesta de De la Espriella podría marcar el comienzo de una nueva batalla política sobre uno de los asuntos más sensibles de la historia reciente de Colombia: si el país debe profundizar la implementación del Acuerdo de 2016, reformarlo o intentar cambiar de rumbo.